Activistas salvadoreñas exigen leyes más flexibles

La comitiva de activistas salvadoreños, que incluye a Teodora Vásquez, piden la despenalización del aborto, en especial si hay vidas en riesgo.
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LA PRENSA/Cortesía  Cambios al Código Penal.    Las activistas pedirán a la Asamblea de El Salvador “un objetivo muy concreto: que se ponga fin al artículo 133 del Código Penal”.

LA PRENSA/Cortesía Cambios al Código Penal. Las activistas pedirán a la Asamblea de El Salvador “un objetivo muy concreto: que se ponga fin al artículo 133 del Código Penal”.

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Una delegación de activistas de El Salvador denunció ayer en el Parlamento Europeo (PE) la violencia reproductiva a la que se ven sometidas en su país y exigió la despenalización del aborto, que es tratado como un “homicidio agravado” incluso cuando es involuntario, como le sucedió a dos de esas activistas.

“Es importante que se hagan esfuerzos para que el Estado salvadoreño garantice la libertad de las mujeres que siguen en la cárcel”, aseguró en una rueda de prensa Teodora del Carmen Vásquez, quien salió de prisión hace dos meses tras haber cumplido condena durante 10 años por un aborto involuntario.

Vásquez fue una de las 17 mujeres cuya pena fue conmutada por parte del Gobierno salvadoreño, al que ahora le piden que modifique el artículo 133 del Código Penal. La Constitución reconoce desde 1999 que “todo ser humano es considerado persona desde el momento de su concepción”.

La actual normativa con respecto al aborto fue aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador en 1998, ya que antes la interrupción del embarazo estaba permitida bajo el supuesto de que la gestación representase un problema para la salud de la madre, que el feto fuese inviable o en casos de violación.

Activistas como Vásquez, quien cuenta con el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch (HRW), reclaman 20 años más tarde recuperar estos tres supuestos y añadirle un cuarto, haber sido víctima de trata de personas, para poder abortar legalmente. “Venimos aquí a pedir que se presione al Estado salvadoreño para que tenga en cuenta nuestra voz y porque necesitamos que dejen de ingresar en prisión mujeres y niñas por embarazos de riesgo”, explicó Vásquez.

Recordó que, por ahora, todavía quedan en El Salvador 28 mujeres detenidas por el mismo delito que ella en la prisión femenina en la que estuvo recluida, la Cárcel de Mujeres en Ilopango, una de las más sobrepobladas del país.

“Las que hemos estado (en la prisión) sabemos que hemos sido víctimas de la violencia y la discriminación del Estado de El Salvador, donde la Fiscalía considera homicidio agravado cualquier aborto que le sea denunciado”, dijo esta activista.

Diputados de diferentes partidos políticos salvadoreños han intentado flexiblizar la prohibición, pero sus propuestas no han logrado pasar el filtro de las comisiones legislativas, ni han entrado a la agenda de la sesión plenaria para buscar la aprobación

Petición a la Asamblea
Bertha de León y Teodora del Carmen Vásquez participan en la conferencia “Nuestros cuerpos, nuestras vidas”, organizada por los eurodiputados del grupo de los Verdes Ernest Urtasun y Molly Scott Cato.  Urtasun aseguró que está recogiendo firmas para elaborar una declaración que hará llegar a la Asamblea.

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