Amenazas contra libre expresión preocupan al Grupo de Diarios América

El Grupo de Diarios América (GDA) representa a los rotativos más importantes de la región, y tiene claro que los gobiernos y otros poderes ejercen presión a los medios que no se pliegan a la única voz que quieren que la ciudadanía escuche.
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La Libertad de expresión continúa bajo amenaza en Latinoamérica por medio de leyes y acoso a los medios de comunicación con regulaciones y fiscalización excesiva, entre otros aspectos, de acuerdo con los directivos del Grupo de Diarios América (GDA), una organización que aglutina a 10 de los principales diarios de la región, desde México hasta Argentina.

Los casos más emblemáticos ocurren desde hace varios años en América del Sur, donde Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina llevan la delantera, aunque otros países, entre ellos Costa Rica, no escapan a esa problemática.

“Hay leyes que se empiezan a introducir en las legislaturas que parecen inofensivas, pero cuando empiezas a ver el desarrollo de esas leyes siguen un patrón muy claro: controlar esa libertad de expresión y controlar a los medios”, asegura María Eugenia Ferré, presidenta de GDA y presidenta de la Junta de Directores de GFR Media de Puerto Rico.

Advierte que uno de los valores principales de las democracias es la libertad de expresión y la capacidad de independencia editorial: Necesitamos no dejar que esos principios comiencen a romperse”.

La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (RESORTE) de Venezuela, aprobada en 2005 y reformada en 2011, es considerada la legislación modelo en materia de restricciones a la libertad de expresión.

Previo a la reforma, a finales de 2010, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advertía que se agudizaría la problemática en cuanto al libre ejercicio de difusión de ideas, ya que se penalizaría a las empresas proveedoras de internet por los contenidos y mensajes que se divulgan por la red.

“Ya no quedan dudas de que estamos ante un acto grave de connivencia entre los poderes públicos para negar a los venezolanos dos garantías fundamentales que exige la democracia: el derecho a la libertad de expresión y el respeto debido al libre flujo informativo”, manifestó el entonces presidente de la SIP, el guatemalteco Gonzalo Marroquín.

Muchas cosas han pasado en ese país desde esa enmienda, entre ellas la agudización de medidas en contra de los medios de comunicación, como la restricción en la entrega de divisas a los periódicos independientes para la compra de papel y otros insumos. Muchos diarios han desaparecido de sus ediciones impresas; otros circulan con pocas páginas, entre ellos El Nacional de Caracas (ver nota aparte).

El año pasado, el editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, fue demandado junto a otros dos medios de comunicación venezolanos que reprodujeron un artículo del diario español ABC, en el cual el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, fue relacionado con un presunto cartel de narcotraficantes dentro del ejército de su país.

El triunfo de la oposición en las elecciones legislativas es, a juicio de Ferré, una esperanza de cambio en la situación venezolana, pero insiste en que no se debe dejar de denunciar las violaciones a los derechos de los ciudadanos de ese país.

“(La libertad de expresión) es una batalla que se tiene que dar todos los días para defender ese derecho, si no lo defendemos nosotros en beneficio de nuestras democracias no lo va a defender nadie y nosotros tenemos que tener eso como un norte, todos los días en lo que hacemos en nuestra cobertura”, asegura.

Amenazas a ciudadanos

El director ejecutivo del GDA, el venezolano Guido Conterno, va más allá y sostiene que cuando los gobiernos y otras estructuras de poder del Estado buscan restringir la libertad de expresión, en realidad amenazan a los ciudadanos.

A su juicio, los diarios pagan un precio por las restricciones, pero el costo más alto es para los ciudadanos que viven con miedo de hablar o comentar y es importante hacerles entender lo que pierden.

Sobre ese punto, añade: “Yo vengo de Venezuela, en Venezuela tú vas a un barrio y la gente mide lo que dice. Vivir con miedo es bien complicado”.

Conterno agrega que los medios de comunicación ejercen la auditoría social necesaria para el funcionamiento de las instituciones, y en los países donde se respeta la libertad de expresión los ciudadanos pueden acudir a estos para denunciar casos de corrupción y otras irregularidades.

Las sociedades donde no existe libertad de expresión viven sobre una bomba de tiempo. “Esa contraloría social que hacemos, esa voz es fundamental y nosotros somos defensores”, dice.

En el caso de su país, el periodista está claro de que los niveles de agresividad en la sociedad han aumentado, lo que él atribuye a que se ha quitado a los ciudadanos esa libertad, esa “válvula de escape” en sus palabras, de expresarse libremente.

Otro aspecto abordado por Conterno es la regulación que desde el poder gubernamental se ejerce en muchos países contra los medios considerados críticos a su gestión. “Nos ponen leyes, regulaciones, limitan, buscan la manera de limitar esta voz. Pero esto no es ahora, esto es parte de esta industria desde que nació, desde que en Francia salieron los primeros periódicos los querían callar”, manifiesta.

El problema, a su juicio, es que en sociedades donde solo se escucha una voz, los medios que no se alinean con ella comienzan a tener problemas, que en la mayoría de los casos llegan a través de regulaciones.

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