Amnistía Internacional: informe de GIEI revela decisión oficial de esconder tragedia

La directora para América de AI, Erika Guevara-Rosas, lamentó la negativa del presidente Enrique Peña Nieto a extender el mandato del GIEI y su ausencia en la presentación del informe.
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El nuevo informe presentado hoy por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revela la determinación del Gobierno mexicano de esconder la tragedia de Iguala "debajo de la alfombra", afirmó hoy Amnistía Internacional (AI).

El documento, que contradice la versión oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y señala serias deficiencias en la investigación, "representa una nueva mancha en el atroz historial de derechos humanos del Gobierno mexicano", indicó AI en un comunicado.

Los especialistas nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticaron al Gobierno por no seguir líneas de investigación clave, manipular evidencia, proteger a oficiales sospechosos de participación en las desapariciones y de torturar a presuntos sospechosos para obtener confesiones.

"Las autoridades mexicanas están enviando el peligroso mensaje que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto", dijo la directora para América de AI, Erika Guevara-Rosas, quien lamentó su negativa a extender el mandato del GIEI y su ausencia en la presentación del informe.

La respuesta oficial a este caso "es la trágica ilustración de la actitud que tiene (el presidente) Enrique Peña Nieto frente a los derechos humanos: Esconder o ignorar los hechos y esperar que las acusaciones simplemente se esfumen", aseveró.

Ello, añadió, "es una cachetada en la cara de los familiares que, tras casi dos años, continúan esperando respuestas" sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a presuntos miembros de un cártel.

Según la versión de la Fiscalía, los 43 jóvenes o una buena parte de ellos fueron asesinados e incinerados en un basurero del vecino municipio de Cocula, lo que ha sido rechazado por los familiares, el GIEI y el equipo de forenses argentinos en virtud de que no hay evidencias científicas de ello.

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