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Apelan condena de mexicanos caso Televisa

Los mexicanos conocieron en enero la sentencia por tráfico de droga y crimen organizado.
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Los abogados de los 18 mexicanos juzgados por narcotráfico que se hicieron pasar por periodistas de Televisa y a los que se le incautaron $9.2 millones en Nicaragua apelaron la sentencia de 30 años de prisión y multas millonarias, confirmó ayer el Poder Judicial.

Liderados por el abogado Ramón Rojas, los defensores interpusieron el miércoles un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, dijo la oficina de prensa de los juzgados de Managua.

La defensa hizo una solicitud de anulación del fallo, o en su defecto, la reducción de las penas y devolución de lo incautado.

El grupo de 18 mexicanos fue inculpado en diciembre pasado por tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero, tras un juicio de cuatro meses.

El juez Edgard Altamirano condenó el 18 de enero pasado a la pena máxima de 30 años permitida por ley a los 18 mexicanos.

En el documento presentado por los abogados señala que las pruebas presentadas ante el juez Altamirano no fueron suficientes para demostrar la culpabilidad de sus clientes.

Fachada

El grupo fue detenido el 20 de agosto de 2012 en un puesto de seguridad en la zona fronteriza con Honduras. La policía nicaragüense halló, en las camionetas que usaban, el dinero y rastros de cocaína.

El Ministerio Público argumentó que se hacían pasar por periodistas de Televisa para ocultar sus delitos y pasar las fronteras con facilidad.

Las autoridades nicaragüenses incautaron además seis vehículos equipados para realizar transmisiones internacionales, con logotipos de Televisa.

El caso llamó la atención en México porque el grupo portaba cartas de aval con la firma del vicepresidente de Televisa, Amado Narcia, supuesto dueño de un teléfono que recibía llamadas de Raquel Alatorre Correa, señalada de ser la cabecilla del grupo.

Televisa solicitó a Nicaragua investigar el nexo entre el grupo y Narcia. Las autoridades nicaragüenses todavía no determinan si las firmas son reales.

Alatorre es la única que no ha sido trasladada al penal correspondiente.

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