Asesinato de bebé a manos de su padre reaviva debate sobre pena de muerte en Chile

La iniciativa fue una reacción a la muerte de una bebé de un año y 11 meses de edad que falleció a fines de enero en la ciudad de Puerto Montt, Chile, como consecuencia de los supuestos reiterados golpes y abusos de su padre.
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La pena de muerte fue derogada en 2001.

La pena de muerte fue derogada en 2001.

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La pena de muerte en Chile, derogada hace 17 años y aplicada por última vez en 1985, parecía historia pasada hasta que el asesinato de una niña a manos de su padre en el sur del país la puso otra vez en el tapete: ahora un grupo de parlamentarios de derecha le está pidiendo al presidente electo, Sebastián Piñera, que convoque a un plebiscito sobre el tema.


"Hay personas que no merecen ser alimentadas y encarceladas, porque el nulo respeto a la vida no permite otra opción que la de pagar con su vida los atroces delitos cometidos", indicaron en una carta cinco diputados de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI).


La iniciativa fue una reacción a la muerte de Sophia Ríos, una niña de un año y 11 meses de edad que falleció a fines de enero en la ciudad de Puerto Montt, a unos 1000 kilómetros al sur de Santiago), como consecuencia de los supuestos reiterados golpes y abusos de su padre.


En la misiva, los diputados le piden a Piñera, quien asumirá presidencia el próximo 11 de marzo, que convoque a un plebiscito donde los chilenos se pronuncien sobre el restablecimiento de la pena de muerte.


"Queremos manifestar nuestra voluntad de que usted, dentro de sus atribuciones, evalúe la posibilidad de someter a una consulta no vinculante a la sociedad chilena respecto de la reposición de la pena de muerte, pero de manera restringida a los delitos de extrema gravedad y cometidos con una crueldad insana", expresaron los parlamentarios.


La solicitud despertó controversia y un flanco de división en la coalición de derecha Chile Vamos que lidera Piñera. Varios parlamentarios y miembros de ese sector expresaron su oposición al restablecimiento de la pena capital.


"Pasar a la pena de muerte es muy contradictorio con aquellos que hemos defendido la posición de que la dignidad humana es una y que nadie -ni de manera individual ni colectiva- puede decidir qué vidas vale la pena que sigan viviendo y cuáles no", afirmó el diputado de la UDI Jaime Bellolio a radio "Cooperativa".


"Chile Vamos ha fijado su posición de no querer volver a esa sanción. Por eso no se contempla en el programa de Gobierno del presidente Sebastián Piñera", dijo por su parte el secretario general de la UDI, Pablo Terrazas, en declaraciones reproducidas por el diario "La Tercera".


En tanto, Paula Narváez, vocera del Gobierno saliente de Michelle Bachelet, dijo que esperan que se apliquen "las penas más altas" contra el agresor de Sophia, pero clarificó que "la pena de muerte no resulta ser una medida disuasiva".


Los críticos a la propuesta de reponer la pena de muerte aseguran que es legalmente inconducente debido a que Chile firmó acuerdos internacionales que la rechazan, como el Pacto de San José de Costa Rica.


"A los diputados UDI que piden reponer la pena de muerte, o son ignorantes, por no conocer prohibición a partir de límite de artículo 5 inciso segundo de la Constitución, o populistas, al proponer algo que saben imposible", dijo el senadore del oficialista Partido por la Democracia (PPD, centroizquierda) Felipe Harboe, en referencia al fragmento de la Carta Magna que establece la defensa de los derechos humanos, amparados por la Constitución y los tratados internacionales vigentes.


La pena de muerte fue derogada en 2001 por el entonces presidente Ricardo Lagos. La legislación reemplazó esa sanción por el presidio perpetuo calificado, que ordena que el condenado no pueda optar a libertad condicional hasta que cumpla 40 años en prisión. Sin embargo, en la justicia militar, la pena capital sigue vigente para tiempos de guerra.


La última vez que se aplicó la pena de muerte en Chile fue el 29 de enero de 1985, en plena dictadura militar, cuando fueron fusilados dos ex miembros de Carabineros, la policía uniformada. Jorge Sagredo y Alberto Topp fueron condenados por diez asesinatos y cuatro violaciones, la mayoría de los crímenes cometidos en la ciudad de Viña del Mar (a 120 kilómetros de Santiago).

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