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CICIG: “Empresas de cartón” financiaron al partido de Pérez Molina

Cinco empresas movían grandes cantidades de dinero ilícito en favor del PP, que les favoreció con contratos.
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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sostuvo ayer que existen evidencias suficientes contra la estructura criminal que saqueó al Estado y se adhirió, con ello, a la petición de la Fiscalía de procesar a 57 acusados.

Una abogada del ente de Naciones Unidas, Berenice Jerez, describió al juez de alto impacto Miguel Ángel Gálvez cómo los integrantes de la organización captaron fondos para la campaña electoral del Partido Patriota (PP), que en 2012 llevó a la presidencia al general retirado Otto Pérez Molina y a la vicepresidencia a Roxana Baldetti.

Durante la presentación de los argumentos para justificar la acusación y procesamiento de los imputados, que duró varias horas, la jurista afirmó que “existen documentos financieros, escuchas y testimonios”, entre otros.

Explicó que el dinero captado, según el colaborador del Ministerio Público (MP-Fiscalía), Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Baldetti, se manejó a través de varias empresas, “un sinfín” de ellas, y que “no se reportó” todo el capital al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Una vez asumieron el poder el 14 de enero de 2012, las empresas y sociedades creadas fueron utilizadas para captar fondos de comisiones por contratos públicos entregados a los financistas de la campaña.

“El 60 % del dinero que se recibía era para Pérez Molina y Baldetti”, y el resto para otros integrantes de la red, insistió la letrada, siempre tomando como base el testimonio del colaborador.

Los cuadros del reparto, afirmó, “se encontraron en dispositivos de Monzón”, y en ellos se ve cómo era la distribución de los fondos recaudados para todos los integrantes de la estructura, más de 50 personas.

La actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones de 2007, y siguió funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015), afirmó la representante de la CICIG.

En las diligencias de investigación realizadas se identificaron al menos 450 contratos dentro de dependencias del Estado que fueron manipulados por la estructura criminal.

En su extensa exposición ante el juez Gálvez, presidente del Juzgado B de Mayor Riesgo, la representante del ente de la ONU aseguró que, según los testimonios, se “entregaron facturas por servicios no prestados” con el fin de legalizar el dinero.

Tras la CICIG, que se prevé finalice hoy, toca el turno a otros dos querellantes y luego a los abogados de los 57 imputados para presentar las pruebas de descargo contra sus patrocinados.

Una vez concluya la presentación de los argumentos de las partes, Gálvez deberá resolver si existen o no suficientes evidencias como para procesar o no a las 57 personas.

Pérez Molina y Baldetti, los supuestos cabecillas de la estructura, están acusados de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo.

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