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Cataluña votará en medio de amenazas y protestas

El gobierno federal calificó la votación de ilegal. La policía ha recibido instrucciones de impedir que se vote este día y ya han confiscado papeletas y publicidad.

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Los separatistas catalanes prometieron ignorar el ultimátum de la policía de desalojar las escuelas que ocupan para utilizarlas como centros de votación en el referendo para su independencia de España. A medida que la policía clausuraba las instituciones, algunos padres decidieron enviar a sus hijos a casa y se prepararon para posibles confrontaciones con la policía el domingo.

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Las tensiones se incrementaron en todo el país por el controversial plebiscito.

En Madrid, miles se manifestaron en contra de los separatistas que intentan dividir a la nación. Demandaron que los líderes catalanes del movimiento fueran enviados a prisión. En Barcelona, la capital de Cataluña, miles más salieron a las calles para exhortar a su próspera región a seguir siendo parte de España.

El plazo de la policía de las 6 de la mañana para que los padres, menores y activistas desalojen los edificios públicos está diseñado para evitar que la votación se lleve a cabo, debido a que los centros electorales abren tres horas después.

El Tribunal Constitucional español suspendió la votación hace más de tres semanas.

Por su parte, el gobierno federal calificó la votación de ilegal. La policía ha recibido instrucciones de impedir que se vote este día y ya han confiscado papeletas y publicidad.

El gobierno catalán ha afirmado que seguirá adelante de todos modos y ha instado a los 5.3 millones de votantes registrados en la región a que participen.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España dijo el sábado que el plan del gobierno catalán es antidemocrático y que va “en contra de las metas e ideales que la Unión Europea” trata de fomentar. “Lo que están impulsando no es democracia. Es una burla a la democracia”, comentó el ministro Alfonso Dastis a The Associated Press.

El Ministerio del Interior de España dijo que la policía ya había clausurado la mayoría de las 2,315 escuelas que se supone que debían servir como centros de votación y que inhabilitó un software que se iba a utilizar en el referendo.

La policía de la región recibió órdenes de no utilizar la fuerza, pero también de desalojar las escuelas.

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