Chicago demanda a Gobierno central por “santuarios”

En su plan de gastos público, Trump ha prohibido dar subvenciones para seguridad a las “ciudades santuario”.
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El alcalde Rahm Emanuel decidió llevar a las cortes su rechazo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump y ayer convirtió a Chicago en la primera ciudad en demandar al Gobierno federal por considerar ilegal la retención de subvenciones para la seguridad de las llamadas “ciudades santuario”.

La demanda de 46 páginas fue presentada en la Corte Federal de Distrito en Chicago un día después de que Emanuel anunció el litigio y advirtió que la ciudad no “será chantajeada para que cambiemos nuestros valores”. Agregó que es inconstitucional que una ciudad “sea coercionada” para cumplir una política.

No hay una definición oficial de “ciudad santuario”, pero a menudo significa que una ciudad coopera poco –o no lo hace– con las autoridades federales de inmigración en cuanto a la persecución de personas que viven en Estados Unidos sin autorización.

Una ciudad puede recibir esa denominación, por ejemplo, cuando le ordena a su policía que no pregunte sobre el estatus migratorio de un detenido o que decline peticiones de las autoridades migratorias para mantener retenidas a personas que podrían ser deportadas.

Ahora que la demanda ya fue presentada, se podría pedir en primera instancia a un juez que congele la política al menos hasta que se solucione el caso civil, dijo Edward Siskel, jefe del departamento legal del ayuntamiento.

“Las nuevas condiciones, que darían a las autoridades federales el poder de entrar a instalaciones de la ciudad e interrogar a arrestados a voluntad y obligarían a la ciudad a detener a individuos más tiempo del justificado por causa probable, solamente para permitir que autoridades federales investiguen su estatus migratorio, son anticonstitucionales y no están autorizados”, dice la demanda que se presentó.

Chicago prohíbe a sus policías conceder al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) acceso a personas bajo custodia, a menos que cuenten con una orden judicial o que los detenidos tengan antecedentes graves, entre otras restricciones.
 

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