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Citgo desdeña a ejecutivos de EUA encarcelados en Caracas

Citgo, la octava refinería más grande de Estados Unidos y el mayor activo extranjero de Venezuela, se ha tornado en un premio importante en la batalla por el poder en Venezuela entre el presidente Nicolás Maduro y Guaidó.

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Sergio Cardenas sostiene una foto de sí mismo con su padre Gustavo mientras se sienta en el regazo de su madre, María Elena Cárdenas, la esposa de Gustavo, en su hogar en Katy, Texas. Gustavo, un ejecutivo de Citgo, está detenido por el gobierno venezolano junto con otros cinco empleados de Citgo desde noviembre de 2017, pero su audiencia preliminar se ha pospuesto 12 veces, lo que deja a las familias cuestionando si sus seres queridos están siendo detenidos como peones. (Foto AP / John L Mone, archivo)

Sergio Cardenas sostiene una foto de sí mismo con su padre Gustavo mientras se sienta en el regazo de su madre, María Elena Cárdenas, la esposa de Gustavo, en su hogar en Katy, Texas. Gustavo, un ejecutivo de Citgo, está detenido por el gobierno venezolano junto con otros cinco empleados de Citgo desde noviembre de 2017, pero su audiencia preliminar se ha pospuesto 12 veces, lo que deja a las familias cuestionando si sus seres queridos están siendo detenidos como peones. (Foto AP / John L Mone, archivo)

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Cuando el gobierno del presidente Donald Trump allanó el camino para que el líder de la oposición venezolana Juan Guaidó nombrara una nueva junta directiva para operar la filial estadounidense de la petrolera estatal de Venezuela, surgió una inusual luz de esperanza para las familias estadounidenses de seis ejecutivos petroleros encarcelados por más de un año sin enfrentar un juicio en la nación sudamericana en plena turbulencia política.

Pero un mes después, las familias se quejan de seguir siendo desamparadas como siempre por el empleador de los hombres, la compañía con sede en Houston Citgo, que hasta los reemplazos había sido la subsidiaria de Estados Unidos del gigante petrolero venezolano conocido como PDVSA.

Citgo, la octava refinería más grande de Estados Unidos y el mayor activo extranjero de Venezuela, se ha tornado en un premio importante en la batalla por el poder en Venezuela entre el presidente Nicolás Maduro y Guaidó, quien encabeza la Asamblea Nacional controlada por la oposición y es reconocido por Estados Unidos y aproximadamente otros 50 gobiernos como el líder legítimo del país.

Las familias insisten que sus seres queridos son daño colateral en esta pelea de alto impacto. Primero fueron encarcelados bajo cargos fabricados por el gobierno de Maduro y ahora ignorados por un gobierno estadounidense determinado a cambiar el régimen mientras Citgo es acosado por acreedores y castigado por sanciones de Estados Unidos a la PDVSA.

Su penuria inició el fin de semana antes del Día de Acción de Gracias de 2017, cuando los seis ejecutivos recibieron una llamada de los altos mandos de PDVSA citándolos a Caracas para una reunión presupuestaria de último momento. Una vez en territorio venezolano, agentes de seguridad armados y con el rostro cubierto irrumpieron en la sala de conferencias y los arrestaron bajo cargos por malversación a raíz de una propuesta nunca llevada a cabo para refinanciar cerca de 4,000 millones de dólares en bonos de Citgo ofreciendo una participación del 50 % en la compañía como garantía. El mismo Maduro los acusó de “traición”, si bien no les han presentado cargos por ese delito.

Los familiares de los “seis de Citgo” -cinco de ellos ciudadanos estadounidenses y todos con profundas raíces en Texas y Louisiana- denuncian que los hombres se encuentran en condiciones inhumanas, compartiendo celdas sobrepobladas en el sótano de una prisión de contraespionaje militar y padeciendo pérdida de peso severa en un país plagado de escasez de alimentos. Peor aún, su caso no da señales de avanzar. Una audiencia preliminar ha sido pospuesta 13 veces por la jueza Rosvelin Gil por razones poco aparentes, y la más reciente sesión está programada para el viernes.

Cuando estuvo bajo el control de Maduro, Citgo prácticamente no ´brindó apoyo a los ejecutivos encarcelados ni a sus familias pese a un acuerdo de inmunidad que la obliga a actuar en representación de los detenidos. En los meses posteriores a su arresto, la compañía incluso rescindió su paga si bien nunca fueron despedidos.

Ahora, las familias se sienten desdeñadas también por los opositores a Maduro.

Varios mensajes de correo electrónico y una alentadora carta enviada el 26 de febrero por correo certificado a la nueva presidenta de Citgo, Luisa Palacios, solicitando una reunión para discutir los planes de la compañía para ayudar en la liberación de los ejecutivos y mitigar las dificultades económicas que las familias han vivido no tuvieron respuesta, explicaron los familiares. Otros intentos por contactar a los miembros de la junta directiva de Citgo también han fracasado, incluyendo llamadas al vicepresidente Rick Esser, el único remanente de la junta anterior y alguien que, de acuerdo con las familias, está íntimamente enterado de su situación.

Citgo no respondió a una petición en busca de comentarios.

Las familias se reunieron brevemente en Houston la semana pasada con Carlos Vecchio, aliado de Guaidó y quien ha sido reconocido por el gobierno de Trump como embajador de Venezuela.
Aun así, Guaidó mismo no ha abordado directamente el caso, ni siquiera al ser presionado por Trish Regan, de Fox Business Network, en un par de entrevistas el mes pasado.

Para frustración de los familiares de los ejecutivos, el gobierno de Trump ha asumido una postura silenciosa que contrasta con una abierta presión diplomática que contribuyó con la liberación el año pasado de Joshua Holt, un hombre de Utah que permaneció detenido por más de dos años en una cárcel de Caracas bajo cargos de armas de fuego que también eran consideradas fabricadas. La decisión de Maduro de romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la salida este mes de los últimos diplomáticos estadounidenses en Caracas probablemente dificultan la liberación de los ejecutivos o el que ellos tengan acceso a atención médica.

El Departamento de Estado sostiene que sigue monitoreando de cerca el caso y trabaja a través de otros países para garantizar el bienestar de los estadounidenses mientras permanecen en prisión.
María Elena Cárdenas, esposa de uno de los ejecutivos, Gustavo Cárdenas, quien estaba al frente del departamento de relaciones públicas de Citgo, cree que a Guaidó, al igual que a otros, se le ha hecho creer que los ejecutivos encarcelados fueron cómplices en una corrupción generalizada de parte de iniciados del gobierno que desmantelaron la industria petrolera venezolana bajo el gobierno de Maduro. Pero la mayoría de las familias habían vivido en Estados Unidos por años, incluso antes del inicio de la revolución socialista de Hugo Chávez hace dos décadas, y ocuparon cargos de nivel medio lejos de los puestos altos donde los delitos presuntamente se llevaron a cabo.

Mientras tanto, ella se desespera cada vez más. Con las cuentas médicas acumulándose por la salud de su hijo de 18 años, que sufre una rara enfermedad metabólica que frenó su crecimiento, Cárdenas trata de vender su casa en las afueras de Houston donde crio a tres hijos. Sin el salario de su esposo, ella debe enviar a través de un costoso servicio de mensajería los alimentos que su esposo recibe en prisión, un gasto que ella cree que mínimo Citgo debería absorber de las angustiadas familias.

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