Constituyente y nuevo fiscal piden detener a dirigentes opositores

La denuncia es por delitos financieros. Así, los parlamentarios decidieron pedir protección ante instancias internacionales.
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El nuevo fiscal general venezolano informó el miércoles que pedirá el arresto de un legislador –esposo de su removida antecesora, Luisa Ortega Díaz– acusado por un grupo de integrantes de la Asamblea Constituyente de conformar una red de extorsión.

El constituyente y dirigente oficialista Diosdado Cabello denunció al diputado Germán Ferrer, a dos fiscales del Ministerio Público y a una presunta exdirectora de esa dependencia de supuestamente dirigir desde 2016 una red ilícita que habría recibido más de $6 millones de empresas vinculadas al sector petrolero y otras áreas.

Cabello consignó en el Ministerio Público los originales de las seis cuentas que supuestamente abrieron Ferrer y los otros implicados en la filial de Bahamas de la sociedad suiza UBS.

El sucesor de Ortega Díaz, Tarek William Saab, pedirá al Tribunal Supremo de Justicia la captura de Ferrer para que la Constituyente, controlada por el oficialismo, comience el proceso de retiro de su inmunidad parlamentaria para enjuiciarlo.

“Qué indignación. Mostrando firmas que no he hecho de documentos que no resisten la más mínima prueba. Reto a que comparen lo que el presenta con una firma original mía para desenmascararlo por inmoral”, señaló Ferrer como respuesta, en declaraciones a Punto de Corte.

Frente a estas acusaciones por parte del oficialismo, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolano, de mayoría opositora, anunció que solicitará ante organismos internacionales medidas de protección para el Legislativo y sus diputados, luego de condenar la solicitud de privativa de libertad del opositor Ferrer.

“En nombre de la AN queremos anunciar los pasos que vamos a dar en materia internacional”, dijo el jefe de la AN, el opositor Julio Borges.

El parlamentario aseguró que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en el caso de violación a la institucionalidad del Parlamento apelarán a la unión interparlamentaria mundial.

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