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Corte Suprema da luz verde al antejuicio contra Morales

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició ayer el proceso para levantar la inmunidad del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para que pueda ser investigado por el delito de financiación electoral ilícita.
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La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) resolvió iniciar el proceso para levantar la inmunidad al presidente, Jimmy Morales, por el presunto delito de financiamiento electoral ilícito en 2015, informó Ángel Pineda, vocero del organismo judicial.

La acción contra el mandatario es promovida por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, que presentaron la solicitud ante la corte el 25 de agosto pasado.

Morales reaccionó mediante un comunicado, afirmando que no interferirá frente a ningún proceso legal que lo vincule “directa o indirectamente”.

“Nunca he interferido en proceso alguno que me vincule directa o indirectamente; por el contrario, siempre demostré respeto al debido proceso, tal como lo establece la ley”, declaró.

“Ante esta coyuntura, solicito a todos los guatemaltecos su objetividad, madurez y compromiso con la unidad nacional”, agregó. 

Tras admitir la solicitud contra Morales, la CSJ deberá remitirla al Congreso Nacional, donde finalmente se decidirá por votación el retiro de su inmunidad.

De acuerdo con la ley, el Legislativo deberá integrar una comisión para investigar los hechos y rendir luego un informe al pleno de 158 diputados, quienes deberán votar para resolver la acción de antejuicio.

De acuerdo con las investigación de la CICIG y el Ministerio Público, el partido de Morales, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), dejó de informar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el origen de aproximadamente $600,000 gastados durante su campaña y considerados como aportes “anónimos”.

La Corte también conoció otras dos solicitudes de antejuicio para remover la inmunidad de Morales por el delito de obstrucción a la justicia, después que el domingo 27 de agosto pasado el mandatario declaró persona no grata y ordenó la expulsión del jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez.

Ambas fueron rechazadas por los 13 magistrados que integran la CSJ. 

Morales es el segundo presidente de Guatemala que enfrenta una acción de antejuicio en dos años.

En agosto de 2015, el entonces presidente Otto Pérez (2012-2015) fue vinculado como cabecilla de una red de defraudación aduanera, por lo que la CICIG y el Ministerio Público también iniciaron un proceso de antejuicio.

Luego del trámite otorgado por la CSJ, Pérez perdió su inmunidad el 1.º de septiembre de 2015 tras la votación en el Congreso, que la aprobó con 132 votos.

Un día después, Pérez dimitió y luego de esto un juez le dictó prisión preventiva, condición en la que actualmente permanece.

La CICIG es una instancia de investigación criminal dependiente de Naciones Unidas que apoya a instituciones guatemaltecas contra organismos clandestinos de seguridad enquistados en las instituciones del Estado y su financiamiento.

“Fuera Jimmy Morales”

Los guatemaltecos se han tomado las calles para protestar en contra del presidente Morales y pedir su renuncia o que sea separado de su cargo.

Al grito de “Fuera Jimmy Morales” y de “Iván se queda” han hecho sentir su indignación con el mandatario.

Diversos movimientos sociales y projusticia presionan a través de las redes sociales para que se conozcan las peticiones de desafuero al presidente Morales, denunciado por financiación electoral ilícita y obstrucción a la justicia, entre otros.

El Movimiento Projusticia dijo en su cuenta de Twitter que los magistrados de la CSJ deben analizar las peticiones en público, sin secreto.

También la asociación Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro exigió a los magistrados que se garantice una actuación independiente y que no se den espacios al tráfico de influencias.

Otro movimiento social, Justicia Ya, que surgió en 2015 para exigir la renuncia del entonces presidente Pérez Molina, solicitó al Supremo que la ciudadanía pueda ser testigo del análisis de los antejuicios en contra del presidente Morales.

Velásquez permanece en Guatemala por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que consideró “ilegal” la orden presidencial de expulsarlo del país, luego de que Morales lo declaró non grato.

“Si nada se debe, que nada se tema. Jimmy fue acusado de obstruir la justicia y luego intentó expulsar a Iván #JusticiaYa”, publican los guatemaltecos en redes sociales.

Una lucha de poderes

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ya había hecho un llamado al secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, para que una “misión de alto nivel” realice una evaluación por la crisis desatada entre la CICIG y el Gobierno.

La ONU no ha respondido a esa solicitud, pero si ha hecho llegar su apoyo incondicional al dirigente de la CICIG, con el que los guatemaltecos ya se han encariñado.

El secretario general de la CIJ, Sam Zarifi, expresó: “Es necesaria la intervención directa del secretario general de la ONU mediante una misión de alto nivel que permita evaluar in loco si el Gobierno de Guatemala está dispuesto a honrar el acuerdo –de creación de CICIG– firmado en Nueva York, en diciembre de 2006”.

Morales defiende que Velásquez está tratando de presionar a diferentes sectores de la política nacional. La fiscal general, Thelma Aldana, es otra de las voces de Guatemala que defiende el mandato del colombiano.
 

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