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Cumple cinco años el programa que legalizó a jóvenes inmigrantes

El programa que impulsó el gobierno de Barack Obama benefició a 750,000 jóvenes que entraron como ilegales.
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Jessica Colotl tenía 11 años cuando llegó a Estados Unidos desde México acompañando a sus padres, una edad aún temprana para entender qué significaba ser inmigrante indocumentada.

Pero al crecer, la joven de ahora 29 años conoció la imposibilidad de llevar una vida normal: sin papeles no podía hacer cosas básicas como conducir un automóvil o trabajar en un país que consideraba el suyo.

Hace casi cinco años, el 15 de junio de 2012, el presidente Barack Obama hizo un anuncio que cambiaría su vida: protegería legalmente a los jóvenes que, como ella, habían entrado de niños al país si cumplían varias condiciones, entre ellas carecer de antecedentes penales, no representar una amenaza para la seguridad nacional y estar en la escuela o contar con un certificado de estudios.

Así fue como nació DACA, las siglas en inglés del Programa de Acción Diferida del que se han beneficiado unos 750,000 jóvenes indocumentados a los que se conoce como “dreamers” (soñadores).

Obama los protegió de la deportación y les dio permisos temporales de trabajo.

Cinco años después del nacimiento del DACA, en la Casa Blanca hay un presidente que en campaña electoral prometió expulsar a los más de 11 millones de inmigrantes sin papeles que hay en Estados Unidos. El miedo se ha instalado en la vida de los “dreamers”, fácilmente localizables porque la administración tiene sus datos personales.

Al llegar a la Casa Blanca, Trump situó a todos los indocumentados como prioritarios para la deportación con la excepción de los “dreamers”, aunque aún debe decidir qué hace con DACA. Una de las posibilidades es que deje expirar los permisos por sí mismos y no renovarlos. El fiscal general, Jeff Sessions, dijo que no son objetivo de las autoridades migratorias: “No podemos prometer que gente que está ilegalmente aquí sea deportada”.

Algunos casos de “dreamers” expulsados por haber supuestamente infringido las condiciones de su estatus han despertado la alarma.

También el caso de Jessica Colotl, a quien la administración suspendió a principios de mayo la vigencia de su permiso sin que cambiara ninguna de sus circunstancias.

Desde que lo obtuvo en 2013, se lo habían renovado en dos ocasiones sin problemas.
 

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