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Denuncian a Guatemala ante CIDH por impunidad y denegación justicia

La denuncia fue presentada este miércoles al director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, en la sede del organismo en Washington.
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Varias organizaciones sociales y sobrevivientes del genocidio en Guatemala presentaron hoy una denuncia ante la CIDH contra el Estado guatemalteco por mantener la "impunidad estructural" en el país y retrasar una y otra vez los juicios a los responsables de las masacres como Efraín Ríos Montt.
 
La denuncia fue presentada este miércoles al director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, en la sede del organismo en Washington.
 
Su objetivo es lograr que el caso llegue de forma acelerada -en menos de dos años- hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para obligar al país centroamericano a actuar de una vez en un caso que lleva 30 años sin justicia.
 
"Queremos una sentencia de la Corte Interamericana que condene al Estado de Guatemala por la violación de los derechos humanos que ha sufrido el pueblo Ixil y particularmente por la denegación de justicia", explicó Marcia Aguiluz, directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), uno de los demandantes.
 
Y más allá de la "condena" por los hechos, la esperanza es además que la Corte IDH "le señale al Estado de Guatemala los pasos y medidas que tiene que tomar para acabar con esta impunidad estructural que exisste en Guatemala", agregó.
 
El presidente de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), Benjamín Jerónimo, él mismo superviviente de una de las masacres en su país, manifestó su esperanza de que, con el paso dado hoy y que internacionaliza la búsqueda de justicia en Guatemala, su país "cumpla con su compromiso ante la sociedad" y juzgue de una vez a los responsables, sobre todo al ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-83).
 
"Esto ya cansado y triste por la falta de cumplimiento de justicia en Guatemala", dijo en rueda de prensa en Washington tras la presentación de la denuncia en la CIDH.
 
"Los responsables de estas masacres siguen manteniendo la impunidad en Guatemala" mientras que a los supervivientes y familiares "nos siguen acusando de terroristas y guerrilleros por buscar la verdad", lamentó.
 
En la denuncia interpuesta hoy, y que todavía tiene que ser admitida por la CIDH tras su estudio, se afirma que Guatemala "ha incumplido con la obligación de garantizar a las víctimas su derecho a acceder a la justicia, ya que por más de 30 años no se ha juzgado a ninguno de los responsables de las violaciones sufridas por las miles de víctimas".
 
Según Aguiluz, este "retardo injustificado" permite, precisamente, acudir a la Comisión ya que éste es una de las excepciones previstas por la CIDH a su principio de que antes de llegar hasta el organismo internacional se deben haber agotado las vías internas del país, algo que en este caso no ha sucedido puesto que los procesos judiciales siguen en marcha en Guatemala.
 
"Más de 30 años es un plazo sobradamente razonable para esperar que la justicia guatemalteca diera los propios resultados", subrayó.
 
Asimismo, en la denuncia se destaca que en el proceso abierto contra Ríos Montt y el jefe de inteligencia durante su gobierno de facto, José Mauricio Rodríguez, se han dado "deficiencias e irregularidades" en las resoluciones emitidas por las autoridades en el proceso penal, especialmente la decisión de la Corte de Constitucionalidad del 20 de mayo de este año mediante la cual se anuló parte del proceso contra estos militares.
 
La denuncia interpuesta hoy se produce un día después de que se conociera un nuevo retraso en el eventual juicio a Ríos Montt: según se adelantó el martes en Ciudad de Guatemala, la nueva fecha para la reanudación del juicio contra el ex dictador sería enero de 2015, casi un año más tarde de lo esperado hasta ahora.
 
Ríos Montt y Rodríguez están acusados por la matanza de 1.771 miembros de la etnia Ixil-maya, en la zona norte del país, en el marco del conflicto bélico que vivió el país entre 1960 y 1996.
 
Actualmente las cortes guatemaltecas mantienen bajo estudio una acción de la defensa de Ríos Montt que pretende que le sea concedida una amnistía que los militares dictaron en 1986. De resolverse a favor, quedaría definitivamente sin efecto el juicio.
 
La acción ante la CIDH, que hace poco más de una semana criticó de hecho esta posibilidad, pretende precisamente impedir esto.
 
"Guatemala dio un paso muy importante al juzgar el delito, pero obviamente, todas esas estructuras de impunidad hicieron un retroceso cuando ya Guatemala estaba dando una respuesta, tardía, a las víctimas, y hoy la esperanza de las víctimas está cifrada en el sistema interamericano", dijo el director ejecutivo del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala (CALDH), Juan Francisco Soto, uno de los impulsores del juicio a Ríos Montt.
 
"Necesitamos justicia, necesitamos verdad, necesitamos que el gobierno actual cumpla con el compromiso de juzgar a los responsables de estas atrocidades, no importa quién sea", apostilló Jerónimo.

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