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Detienen a diputados por corrupción

La Comisión contra la Impunidad asesta otro golpe a funcionarios deshonestos.
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Los diputados al Congreso de Guatemala César Fajardo y Marcelino Chutá, y otros dos exparlamentarios, fueron detenidos ayer por supuestamente estar implicados en un caso de “plazas fantasmas” (vacantes ficticias) en ese Organismo Legislativo.

Los políticos fueron detenidos durante nueve allanamientos realizados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del ministerio público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Los diputados y los exlegisladores Alexánder Castillo y Selvin García fueron trasladados al Juzgado de Mayor Riesgo A, donde la jueza Claudette Domínguez les hizo saber el motivo de sus capturas y los dejó en prisión provisional mientras se realiza la audiencia de primera declaración.

Los cuatro detenidos son acusados de los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad.

El caso de plazas fantasmas en el Congreso fue detectado por el MP y la CICIG en 2015 con la captura de tres exdiputados acusados de los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.

Los detenidos aquella vez fueron José Luis Mijangos, exdirector general del Congreso, y los exlegisladores Édgar Romero Cristiani y Alfredo Augusto Rabbé, así como el expresidente del Parlamento Pedro Muadi.

Otro expresidente del Organismo Legislativo, Luis Armando Rabbé, se encuentra prófugo de la justicia.

La investigación desarrollada por el MP y la CICIG establece que los miembros de la junta directiva del Congreso de la República en el período 2014 y 2015 realizaron un gran número de contrataciones que al menor escrutinio presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegalidades.

Esta forma de contratación ficticia de personal para los miembros de la junta directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, dijo en su oportunidad la CICIG.

De acuerdo con el organismo de las Naciones Unidas, las personas contratadas con salarios de hasta 20,000 quetzales ($2,730) no se presentaban a trabajar al Congreso, sino que prestaban sus servicios en otras dependencias del Estado y en empresas privadas.

Por otra parte, la ONU denunció ayer la hostilidad que sufren los responsables judiciales que trabajan en la lucha contra la corrupción en Guatemala, como evidencian los ataques contra la fiscal general y jueces encargados de conocidos casos.

“Nos preocupa la creciente hostilidad dirigida a los actores judiciales que están comprometidos en la lucha contra la corrupción”, dijo la ONU.

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