Dictan prisión contra Toledo

El sábado la Fiscalía allanó la casa del expresidente en un barrio rico de Lima.
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Seguimiento. El fiscal Pablo Sánchez se encarga de perseguir las huellas que la trama corrupta de Odebrecht ha dejado en Perú. El gigantesco caso de corrupción salpica a políticos de toda la región.

Seguimiento. El fiscal Pablo Sánchez se encarga de perseguir las huellas que la trama corrupta de Odebrecht ha dejado en Perú. El gigantesco caso de corrupción salpica a políticos de toda la región.

Dictan prisión contra Toledo

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La Fiscalía General del Perú anunció ayer que se pedirá prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias relacionados con los sobornos millonarios entregados por la constructora brasileña Odebrecht para ganar jugosas licitaciones públicas en la nación suramericana.

El fiscal Pablo Sánchez dijo a la radioemisora local RPP que el investigador principal del caso Odebrecht, Hamilton Castro, enviará la solicitud escrita a un juez, que deberá escuchar los argumentos para aceptar o negar la solicitud.

Sánchez dijo que los cargos de imputación contra Toledo son “bastante serios y graves”, y que si el juez acepta la explicación de la Fiscalía, entonces ordenará la captura internacional del exmandatario.

Toledo, quien gobernó entre 2001 y 2006, es investigado por recibir supuestamente $20 millones para otorgarle la construcción de una carretera interoceánica que une a Brasil con la costa del Pacífico peruano, según confesión que dio en el estado brasileño de Bahía el detenido Jorge Barata, exrepresentante de la empresa en Perú.

El domingo, desde París, Toledo negó cualquier soborno.

Santos en lista de sobornos

La Fiscalía de Colombia afirmó ayer que el presidente Juan Manuel Santos habría recibido dinero ligado a Odebrecht durante la campaña para su reelección en 2014.

El organismo señaló en un comunicado que el exlegislador Otto Bula presuntamente entregó $1 millón. Él está detenido en Colombia por haber recibido $4.6 millones en sobornos de la firma brasileña.

El Consejo Nacional Electoral deberá definir si el presidente incurrió o no en delito.

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