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Dos muertos en nueva jornada de represión en Venezuela

Decenas de miles de opositores salieron a las calles de Caracas y otras ciudades de Venezuela para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Turbas chavistas son señaladas de disparar mortalmente en la cabeza a un joven. En Táchira, una joven murió presuntamente por disparos de la policía.
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Decenas de miles de opositores marcharon ayer en Venezuela para protestar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en movilizaciones multitudinarias que han dejado saldo de dos jóvenes muertos, más de un centenar de heridos y afectados por gases lacrimógenos y 30 detenidos.

Caracas quedó partida en dos, ya que además de los opositores, marcharon partidarios del gobierno. En la tarde se llevó a cabo un acto público en el que Maduro informó sobre el número de detenidos y advirtió que no retrocederá.

Horas antes, la Guardia Nacional lanzó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a opositores que intentaron sin éxito llegar hasta la sede de la Defensoría del Pueblo desde distintos puntos de la ciudad.

En una de las confrontaciones, Carlos José Moreno, de 17 años, recibió un tiro en la cabeza y horas después falleció. El director del Hospital de Clínicas de Caracas, Miguel Salomón, informó a The Associated Press que el joven murió tras ser sometido a una cirugía para extirparle el proyectil.

Melvin Sojo, quien fue criado como un hermano del joven, dijo a la AP que Moreno había salido de su casa para ir a jugar fútbol cuando presuntamente se vio en medio de una manifestación de partidarios del gobierno y fue herido por algunos de ellos, aunque esa afirmación no pudo ser confirmada de inmediato con las autoridades.

Sojo indicó que la versión de las autoridades, de acuerdo con declaraciones de testigos, es que los disparos fueron hechos por uno de dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta al lugar de la protesta para impedir el paso de la marcha opositora.

Más temprano, durante la jornada, una joven de 23 años también falleció de un disparo en el estado de Táchira. Patricia Gutiérrez, alcaldesa de la ciudad de San Cristóbal –capital de Táchira–, informó a la AP que la joven fue herida mortalmente durante una manifestación reprimida por la policía. La alcaldesa relató que cuando los manifestantes intentaban evadir a las autoridades, fueron emboscados frente a una plaza por hombres vestidos de civiles que circulaban en motocicletas y les dispararon con armas de fuego. La Fiscalía General identificó a la segunda víctima como Paola Ramírez.

Más tarde, el alcalde del municipio capitalino de Chacao, Ramón Muchacho, escribió en su cuenta de Twitter que 43 personas de la zona resultaron lesionadas por golpes y asfixia debido a los gases lacrimógenos. A su vez, Gerardo Blyde, alcalde del municipio capitalino de Baruta, reportó 110 casos de asfixia, un herido por arrollamiento y una persona que sufrió un infarto.

EUA preocupado

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, aseguró ayer que en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro “está violando su propia Constitución”.

“Estamos preocupados porque el gobierno de Maduro está violando su propia Constitución y no está permitiendo que las voces de la oposición sean escuchadas”, dijo.

“Sí, estamos preocupados por la situación, estamos siguiéndola de cerca y trabajando con otros particularmente a través de la OEA para comunicarles estas preocupaciones”, aseguró.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó ayer la “violenta represión y muerte de venezolanos” en las manifestaciones opositoras.

“Condenamos la violenta represión y muerte de venezolanos hoy, #19abr. Basta de atropellos a los derechos de la gente”, escribió Almagro en su cuenta de Twitter, sin precisar más al respecto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su alarma frente a la militarización venezolana y el llamado del presidente Maduro a armar a 500,000 milicias civiles “para defender la paz, la soberanía e independencia de la patria”. Ante eso, el organismo afirmó: “Este inminente despliegue de fuerzas militares y milicias civiles armadas representa una grave amenaza a los estándares en materia de protección de la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos”.

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