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El Constitucional le cierra el camino a secesionistas

Corte dio paso a los recursos que interpuso el presidente Mariano Rajoy en contra de la convocatoria al referendo en Cataluña.
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Independencia. El presidente español Mariano Rajoy dice que no habrá 
consulta, pero los secesionistas ya mandaron una carta a los ayuntamientos 
catalanes para que cedan locales electorales para octubre. 

Independencia. El presidente español Mariano Rajoy dice que no habrá consulta, pero los secesionistas ya mandaron una carta a los ayuntamientos catalanes para que cedan locales electorales para octubre. 

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El Tribunal Constitucional español suspendió ayer de forma cautelar la convocatoria del referéndum fijado el 1.º de octubre por el Gobierno de Cataluña para decidir sobre la independencia de esa región. El alto tribunal admitió a trámite los  recursos interpuestos por el Gobierno español de Mariano Rajoy contra el decreto de convocatoria de la consulta y  contra la llamada “ley del referéndum”, aprobada entre una gran polémica el miércoles por el Parlamento catalán para facilitar la votación.

Además, ordenó  que la resolución se notifique personalmente a decenas de responsables públicos  del Gobierno catalán; entre ellos, a su presidente y a los 947 alcaldes de Cataluña. 

Al admitir a trámite los recursos, las resoluciones impugnadas quedan automáticamente anuladas, pero el Constitucional tiene ahora cinco meses (prorrogables) para entrar en el fondo de la cuestión y decidir si son o no inconstitucionales.

“Esa consulta no se va a celebrar en ningún caso”, aseguró Rajoy en una intervención ayer ante los medios. “La convocatoria supone un claro e intolerable acto de desobediencia a nuestras instituciones democráticas”, añadió.

El presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, dijo que no teme las resoluciones del Constitucional y destacó que mantiene los preparativos de la consulta. “Ante un tsunami de querellas habrá un tsunami de democracia”, destacó  en una entrevista al canal  TV3. La firma del decreto de convocatoria del referéndum del  1.º de octubre, que tuvo lugar el miércoles en la noche tras una jornada marcada por la tensión en el Parlamento catalán, abrió una crisis institucional sin precedentes en España.

El órdago de los independentistas no terminó ahí, ya que está previsto que en las próximas horas se apruebe en la Cámara regional, gracias a la mayoría de los grupos secesionistas, otra ley clave en el proceso separatista catalán, que pretende garantizar la legalidad durante el período comprendido entre la supuesta celebración del referéndum del 1.º de octubre y la aprobación de una Constitución catalana si gana el “sí”.

Rajoy se reunió ayer con el jefe de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, y con el líder del partido  Ciudadanos, Albert Rivera, para recabar apoyos a su respuesta al Gobierno catalán.

La fiscalía española anunció, además, una querella criminal contra todos sus miembros y pidió a las fuerzas de seguridad que investiguen cualquier actuación relacionada con la organización del referéndum, así como la intervención de efectos o instrumentos destinados a su celebración (como urnas o papeletas).

En este sentido, la Guardia Civil española vigiló durante el día una imprenta en la localidad de Constantí, en la provincia catalana de Tarragona, sospechosa de  imprimir documentos para la consulta.

Mientras tanto, el Gobierno de Puigdemont puso en marcha la maquinaria de la votación del.º 1 de octubre.
 

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