Empresas implicadas en caso Petrobras donaron a 12 ministros de presidente interino de Brasil

La Fiscalía brasileña investiga la posibilidad de que donaciones realizadas por esas empresas hayan sido en realidad pagos de sobornos camuflados. La mayoría de esas empresas tienen a sus dueños, presidentes y altos ejecutivos presos y/o condenados a prisión.
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Doce de los 22 ministros que integran el nuevo Gabinete del presidente en ejercicio de Brasil, Michel Temer, recibieron donaciones de las empresas involucradas en la trama de corrupción que operó en Petrobras, según surge de un informe divulgado hoy por el diario O Estado de Sao Paulo.

Se trata de 12 de los 13 nuevos ministros que en las elecciones de 2014 se postularon para cargos electivos en las gobernaciones regionales o el Congreso. El medio aclara que las donaciones fueron debidamente declaradas a la Corte Electoral, lo que en principio las convierte en contribuciones legales.

Sin embargo la Fiscalía General de la República investiga la posibilidad de que donaciones realizadas por esas empresas en los últimos años hayan sido en realidad pagos de sobornos camuflados. La mayoría de esas empresas tienen a sus dueños, presidentes y altos ejecutivos presos y/o condenados a prisión.

Por esa razón, políticos que recibieron contribuciones de esas empresas, que son las mayores constructoras nacionales y principales contratistas de Petrobras, son o serán investigados por la Fiscalía.

En esa situación se encuentran dos ministros que integran el "núcleo duro" el Gobierno de Temer, quien pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB): el canciller, José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) -principal opositor de la supendida presidenta Dilma Rousseff-; y el titular de la Secretaría de Gobierno, Geddel Vieira Lima, del PMDB.

Otros ministros del PMDB que integran la lista de los 12 son el de Turismo, Henrique Eduardo Alves; de Deportes, Leonardo Picciani; y el de Desarrollo Social y Agrario, Osmar Terra. Los flamantes titulares de Salud, Ricardo Barros; y de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, Blairo Maggi, del derechista Partido Progresista (PP), también recibieron fondos de la constructoras investigadas.

El PP fue aliado del Gobierno de Rousseff y es el partido que tiene más integrantes investigados por sus presuntos nexos con los fraudes en la petrolera nacional. Completan la lista los nuevos ministros de Transportes, Puertos y Aviación, Maurício Quintella, del Partido de la República (PR); de Defensa, Raul Jungmann, del Partido Popular Socialista (PPS); de Educación y Cultura, Mendonça Filho, del derechista Demócratas (DEM); de Minas y Energía, Fernando Coelho Filho, del Partido Socialista de Brasil (PSB); y de Ciudades, Bruno Araújo, del PSDB.

Entre las empresas investigadas que más contribuyeron a los comités de campaña de los nuevos secretarios de Estado está Odebrecht, la mayor constructora del país y cuyo presidente y heredero, Marcelo Odebrecht purga una condena a 19 años de cárcel por delitos de corrupción vinculados a Petrobras.

Otras empresas que aportaron fueron Queiroz Galvao, y Galvao Engenharia; UTC y Andrade Gutierrez, la segunda mayor constructora del país, cuyo presidente, Otávio Marques de Azevedo, cumple prisión en régimen domiciliario.

Del total del nuevo Gabinete, tres ministros son investigados formalmente en el marco de la operación Lava Jato de la Policía Federal, que investiga la red que desvió millonarios fondos de la empresa estatal.

Son ellos los ya mencionados titulares de Turismo y de la secretaría de Gobierno, y el ministro de Planificación, Romero Jucá, del PMDB. También responden a investigaciones en el ámbito del Supremo Tribunal Federal -puesto que antes de asumir como ministros ya ocupaban cargos con prerrogativa de fuero privilegiado- los nuevos titulares de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones, Gilberto Kassab; de Transportes, y de Salud.

Tantos los políticos como las empresas citadas por el informe negaron cualquier irregularidad y señalaron que las donaciones fueron legales puesto que están debidamente declaradas ante la Corte Electoral.

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