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Entregan información de Odebrecht a una lista de ocho países

Un día antes de enviar la información, un grupo de hackers robó datos a la empresa, como correos.
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La Fiscalía brasileña comenzará a entregar hoy las pruebas sobre sobornos pagados por la constructora Odebrecht a autoridades de otros ocho países de América Latina, pero exigirá que la documentación se mantenga bajo sigilo hasta nueva orden, informaron ayer fuentes oficiales.

“El 1.º de junio vence el plazo de sigilo internacional previsto en la cláusula contractual del caso Odebrecht y podremos entregar las pruebas que tenemos y que nos han pedido los fiscales de otros países”, dijo a Efe un vocero de la Procuraduría General de la República de Brasil.

La fuente agregó que ocho países presentaron 22 solicitudes de documentos y testimonios de ejecutivos de Odebrecht.

Las pruebas fueron solicitadas por las fiscalías de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Por otra parte, unos hackers, o piratas cibernéticos, accedieron a uno de los servidores del grupo Odebrecht y robaron direcciones de correos electrónicos registrados en su base de datos, en un ataque del que todavía se desconoce su alcance total, informó también ayer la compañía.

“Odebrecht confirma que uno de sus servidores fue invadido por hackers, que tuvieron acceso a los correos electrónicos de una de las listas de su base de datos”, señaló la empresa en un comunicado.

Siempre sobre las redes de corrupción en Brasil, la Corte Suprema de ese país rechazó la petición que hizo la defensa del presidente brasileño, Michel Temer, para aplazar el testimonio que tendrá que hacer por escrito ante la Policía en el caso por corrupción que le fue abierto, informó la corte. Temer está involucrado por unos audios en los que negocia sobornos con la empresa de carnes JBS.

No hay fecha para el interrogatorio, pero el magistrado aclaró que no hay obstáculo para que se pueda proceder con eso.

Finalmente, El Senado brasileño aprobó ayer un proyecto de enmienda constitucional que propone eliminar el blindaje o fuero que ampara a los políticos con cargos públicos para los casos en que cometan delitos comunes; entre ellos, robo, lavado de dinero y corrupción, con algunas excepciones. El proyecto aprobado por el pleno del Senado excluye a los presidentes del país, de la Corte Suprema y de las dos cámaras legislativas, además de al vicepresidente, quienes seguirían con fuero como hasta ahora.
 

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