Esposa del dueño del Canal 12 tiene orden de captura en Guatemala por corrupción

Canales del mexicano Ángel González se beneficiaron con pauta comercial por $26 millones, luego de aportar a esquema de financiamiento ilegal del Partido Patriota, del Expdte. Pérez Molina.
Enlace copiado
Esposa del dueño del Canal 12 tiene orden de captura en Guatemala por corrupción

Esposa del dueño del Canal 12 tiene orden de captura en Guatemala por corrupción

Esposa del dueño del Canal 12 tiene orden de captura en Guatemala por corrupción

Esposa del dueño del Canal 12 tiene orden de captura en Guatemala por corrupción

Enlace copiado
Una contribución de $2.2 millones al Partido Patriota (PP) entre 2008 y 2011 se le retribuyó en pauta comercial por valor de $26 millones a la empresa televisiva en Guatemala del mexicano Ángel González. El magnate televisivo es también propietario del Canal 12 en El Salvador, y sus canales en el vecino país son señalados por el ministerio público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como parte de las empresas que participaron en un esquema de financiamiento ilegal del PP, por el que se han girado 65 órdenes de captura.

Una de las que es buscada desde el jueves por las autoridades guatemaltecas es Alba Elvira Lorenzana, esposa de González, que también es dueño en El Salvador de Canal 11 y radio Sonora.

González controla la cadena de televisión Albavisión, que agrupa a unas 30 estaciones de televisión, 70 emisoras de radio y 40 salas de cine en 16 países de América Latina.

Como contraprestación, tras su llegada al Gobierno en 2012, el Ejecutivo de Otto Pérez Molina otorgó contratos de publicidad a los canales 3 y 7, Radio Televisión Guatemala, por valor de más de 240 millones de quetzales ($26.2 millones), de acuerdo con la investigación.

Este esquema de financiación ilegal y recompensas se repitió, según la investigación del ministerio público (MP-Fiscalía) y la CICIG, en decenas de casos, yendo el dinero en muchos casos a parar a los patrimonios de Pérez Molina y Baldetti.

Participaron de esta red criminal medios de comunicación, grandes constructoras y personas particulares, que se ocultaban bajo el entramado de empresas creado por el exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien ahora es colaborador eficaz de la Fiscalía.

Una vez asumido el cargo, el exbinomio presidencial otorgó contratos ventajosos a estas empresas, así como a otras a las que exigió comisiones que alcanzaron al menos 500 millones de quetzales ($65.5 millones).

La investigación ha podido determinar al menos 450 contratos otorgados de esta forma ilegal, entre ellos uno para el seguro del aeropuerto de La Aurora, valorado en 36 millones de quetzales ($4.7 millones), cuya comisión supuestamente utilizó Pérez Molina para la compra de un edificio.

En otro contrato para el Registro de Control Migratorio, Pérez Molina percibió como comisión $7 millones.

“El Estado se convirtió en un negocio”, lamentó el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, durante su intervención junto a la fiscal general, Thelma Aldana, para presentar el nuevo caso de corrupción en Guatemala.

Para aprovecharse del dinero recaudado, la red creó a su vez un entramado de empresas opacas para lavar el dinero, una operación en la que debieron contar con la connivencia de algunos bancos, apuntó el jefe de la CICIG.

Por estos hechos fueron capturados el jueves 25 personas, entre ellas el exministro de Agricultura del gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) y actual dirigente cooperativista Edín Barrientos, señalado por lavado de dinero u otros activos, así como el exdiputado Marvin Díaz, del PP, con el que gobernó Pérez Molina entre 2012 y 2015.

Además, se dictaron siete órdenes de detención internacionales (una de ellas en contra de la esposa del magnate televisivo González) y se pidió extender los cargos a otras seis personas, entre ellas Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ya en prisión por otros casos de corrupción.

A los exmandatarios ahora se les acusa de asociación y enriquecimiento ilícito.

Ambos están ya detenidos preventivamente por el caso de defraudación aduanera La Línea, así como implicados en el fraude por la ampliación de la mayor portuaria del país, Puerto Quetzal.

Tras conocer el caso, el presidente Jimmy Morales, en la rueda de prensa, defendió la actuación de la Fiscalía y la CICIG, y aseguró que desde su llegada al Gobierno no se ha gastado ni un centavo en publicidad “ni ilegal ni legal”.

Preguntado sobre el usufructo a los canales de televisión involucrados en este caso de corrupción, Morales pidió tiempo hasta que se terminen las investigaciones, aunque reiteró que se tomarán “las decisiones necesarias para defender los intereses del Estado en favor del Estado”.

Ayer, Dwight Pezzarossi, exministro de Cultura y Deportes del Partido Patriota, fue detenido acusado de ser uno de los operadores de la organización de financiamiento ilícito a partidos políticos.

Julia Barrera, vocera de la Fiscalía, confirmó la detención y dijo que la solicitó el juez Miguel Ángel Gálvez a cargo del caso.

Pezzarossi fue enviado a prisión y debe rendir el lunes su primera declaración. El juez ha emitido al menos 65 órdenes de aprehensión por el caso, y con la de Pezzarossi llegan a 26 las detenciones.

Tags:

  • guatemala
  • corrupcion
  • cicig
  • angel gonzalez
  • partido patriota
  • otto perez molina
  • roxana baldetti

Lee también

Comentarios

Newsletter