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Estamos en una dictadura que no respeta la independencia de los poderes”

Miguel Henrique Otero dice que su país va hacia un choque institucional muy fuerte.
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Venezuela está viviendo actualmente una de las más graves coyunturas de su historia, con una marcada crisis económica y una tensión social que va en aumento como producto del diálogo inexistente entre el Gobierno y la porción de la población que no lo sigue y quiere cambios, a través del referendo revocatorio.

Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional, socio de El Tiempo en el Grupo de Diarios América (GDA), habla sobre la compleja situación que vive el vecino país.

¿Cómo ve usted actualmente la situación en Venezuela?

La manera como (Nicolás) Maduro ha actuado ante la crisis es aumentando la represión y los controles. La importación que nunca para en Venezuela es la de instrumentos represivos: tanquetas, bombas lacrimógenas, todo ese tipo de cosas. Cuando antes se era un poco permisivo con las manifestaciones espontáneas, actualmente se están reprimiendo mucho. Ahora, ¿qué pasa? Todos los que tienen procedimientos judiciales abiertos están bajo medidas cautelares. No tienen juicio ni sentencia.

Ese es uno de los puntos de la “guerra de poderes” entre la oposición en la Asamblea Nacional y el Gobierno. A este le molesta mucho la Ley de Amnistía promulgada por el Legislativo. ¿Cómo ve usted esto?

La estrategia de Maduro es no acatar ninguna ley que provenga de la Asamblea. No es solamente la de Amnistía. Ahí también se aprobó una Ley de Propiedad Horizontal para la gente a la que le regalaron su casa. Es decir, ahora te regalan una vivienda y no te dan los papeles de propiedad. ¿Por qué? Porque te la pueden quitar. Entonces, la Asamblea aprobó una Ley de Propiedad Horizontal a los de la Misión Vivienda. Aprobaron una Ley de Producción Nacional, ya que en Venezuela no se produce nada. También una Ley de Protección a la Industria Nacional, de la que Maduro dijo que era una ley neoliberal y no la acató. La Ley de Amnistía, que era una promesa muy fuerte por parte de la oposición, la rechazaron, la llevaron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la declaró inconstitucional. El día que se aprobó, ya el TSJ tenía escrita la ponencia para decretarla como inconstitucional.

Maduro aumentó el número de magistrados del TSJ después de que perdió las elecciones parlamentarias (6 de diciembre). Incorporó a magistrados que eran candidatos a diputados del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y que habían perdido.

¿Por qué no se quieren reconocer las firmas recolectadas para el referendo revocatorio?

Estamos en una dictadura que no respeta la independencia de los poderes. Entonces, la estrategia de ellos es no respetar a la Asamblea Nacional, donde la oposición tiene una mayoría absoluta ganada limpiamente. Además, la única salida que hay al problema institucional que se vive en Venezuela es el referendo revocatorio, porque todas las otras salidas requieren del TSJ, que se comporta de una manera absolutamente arbitraria.

Si se hace el referendo revocatorio después de enero, lo ganaría la oposición, pero entraría Maduro al vicepresidente, que es nombrado a dedo por el presidente. Puede ser el que a él le dé la gana.

El referendo revocatorio pasa por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que de sus cinco miembros principales, cuatro son militantes del PSUV, y lo que están haciendo es retrasar el proceso, alargar los tiempos para que llegue el año que viene y sea totalmente irrelevante.

¿Hacia dónde va Venezuela?

Hacia un choque institucional fuerte. En la medida en que la Asamblea empiece a aprobar leyes, ¿qué va a hacer? Pues aprobar más y más. La Asamblea logró una popularidad muy fuerte. De hecho, su presidente, Henry Ramos Allup, se convirtió en alguien más popular que Henrique Capriles y Leopoldo López. Es más popular porque es el presidente de la Asamblea y tiene a la oposición funcionando. Pero si siguen aprobando leyes que el Gobierno no acate, esa popularidad se va a ir al suelo, porque la gente se va a desilusionar con la Asamblea.

¿Se percibe un enfrentamiento entre Diosdado Cabello y algún sector del Ejército?

Ahí sacó (Emili) Blasco una conversación donde Diosdado llama “rata” a (Vladimir) Padrino, quien es el ministro de Defensa, pero fue factor fundamental para que Maduro no hiciera fraude el día de las elecciones. Él le dijo a Maduro: “Si usted hace el fraude, no soy yo, son todas las fuerzas armadas las que no van a permitir eso”. Ahí hay un dominio institucional. Entonces, Maduro tuvo que acatar la decisión.

Pero ¿cómo hace Maduro? Acato que funcionen, pues tienen la mayoría absoluta, pero después no cumplo ninguna ley. Igual le pasó a Hugo Chávez cuando propuso una reforma constitucional: perdió esa elección, ese referendo constitucional y, de todas maneras, aplicó la reforma. Si ganan por las buenas, hacen trampa; pero si pierden, hacen otro tipo de trampa. En realidad, nunca pierden.

Maduro hace muy poco insinuó que podría disolver la Asamblea. ¿Lo podría hacer? ¿Qué pasaría?

¿Con quién está gobernando Maduro? Él gobierna con el TSJ y el alto mando militar. Ese es su mecanismo de gobernar con todas las arbitrariedades que significa un gobierno autoritario, absolutista y que puede hacer lo que le da la gana. Si se le rompe una de esas patas... La del TSJ es muy difícil que se le rompa porque ellos acomodaron magistrados totalmente fieles al proceso y el alto mando no se va a resquebrajar. Es muy difícil, pero quedan los militares institucionales que en algún momento, como ha pasado mil veces en América Latina, actúan.

¿No toda la fuerza militar está adoctrinada?

En Venezuela, nadie está adoctrinado. Eso no existe. ¿Qué ha pasado con las Fuerzas Armadas? Ellos tienen alrededor de 1,000, 1,200 oficiales en cargos públicos, porque en Venezuela la corrupción es una política de Estado.

Entonces, si ellos toman a un coronel y lo ponen a manejar un banco, para que haga negocios, o en el Instituto de Canalizaciones, para que cobre comisión, la pregunta es: ¿quién se quedó con la tropa? Un coronel que gana 30, 40 dólares mensuales, 60,000 bolívares. Ese coronel hace 20 años ganaba suficiente para llevar a la familia a Disney World, comprarse un carro cada dos años, comprarse una casa. Hoy en día, con 40 dólares mensuales ni compras casa ni carro, ni viajas a Isla Margarita. No haces nada con ese dinero. Todo está dolarizado, la propiedad horizontal está dolarizada y los viajes obviamente también lo están.

¿Cómo se entiende el tema del desabastecimiento?

Hay muchas versiones en cuanto a que sí hay para unos, pero para otros no.

¿Es evidente?

Es superevidente. Está el tema de los “bachaqueros”, una capa social que se ha dedicado a comprar productos subsidiados y venderlos a un precio mayor. Una enfermera gana más siendo “bachaquera” que en su trabajo como tal.

Eso incluye las medicinas...

Sí, tiene de todo. Medicinas y alimentos, básicamente. El desabastecimiento es muy grande, del 60 por ciento de productos básicos y 85 % de medicinas, según dice la Federación Médica.

Pero ¿para todas las capas sociales?

Todo el mundo compra en las farmacias privadas. Las subsidiadas que tiene el Gobierno, esa especie de estructura, de red, no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes una mafia de “bachaqueo”. Si ves una cola de 1,000 personas, 300 son “bachaqueros” y las otras 700 son amas de casa. El asunto es que el sistema está muy corrompido y es ineficiente. Un ejemplo: el Gobierno colombiano invierte $10 para comprar trigo y llegan los $10. En Venezuela, el Gobierno invierte los mismos $10, pero llegan $2.

¿Por qué?

Por dos razones: una es que el diferencial cambiario es tan grande y único en la historia de la humanidad, que si algún funcionario del Gobierno te compra harina de trigo, que en Venezuela no se produce ni un kilo, entonces eres un intermediario y la compras en Nueva Zelanda. Compras 1,000 toneladas, pero el diferencial es tan grande que tú llevas a Venezuela 600 toneladas y las otras 400 se las vendes a Costa Rica. Entonces, ya llegaron 600. En el circuito de distribución del Gobierno lo distribuyen, se quedan con una parte y hay “bachaqueros”.

También está el contrabando de extracción, que no se hace solamente desde Colombia. Es desde Curazao, Aruba, Trinidad, Guyana, Brasil, Saint Marteen... desde todo lo que queda cerca.

¿Cómo van El Nacional y la prensa en general en Venezuela?

La situación es dramática porque ya empezaron a cerrar periódicos. Los que han podido mantenerse son regionales básicamente, porque la Corporación Maneiro (distribuidora de papel) les ha vendido algunas bobinas para la paginación, pero han ido reduciendo tamaño. Igual, llega un momento en que no les venden nada de papel. Entonces El Carabobeño dejó de circular, al igual que El Correo del Caroní. Los periódicos de Punto Fijo también, y los que quedan están desesperados consiguiendo papel y hacerlo a 1,000 bolívares el dólar es imposible. Eso lo hace absolutamente prohibitivo. Nosotros hemos logrado sobrevivir gracias básicamente a la solidaridad internacional.

¿Hasta cuándo van a resistir?

Hasta que no tengamos papel y ahí seremos página web.

Todo en Venezuela está haciendo agua y el sector eléctrico es una muestra de ello. ¿Qué opina usted de la promulgación de los 60 días no laborables para no consumir más energía?

Los venezolanos creen que la energía que consumen depende exclusivamente de la represa de El Guri y la verdad es que no es así. El Guri es muy importante, pero la infraestructura eléctrica de Venezuela está totalmente desmantelada.

La distribución, el mantenimiento de las plantas eléctricas, plantas que han comprado, pero nunca aparecen o que no las han instalado porque tienen años en unos depósitos hacen parte también del problema. Una parte de este es la falta de lluvias, claro, pero si llueve, de todas maneras va a seguir el mismo racionamiento.

El Guri representa apenas el 30 por ciento del consumo eléctrico y el otro 70 por ciento son plantas hidroeléctricas. Planta Centro, que es la más grande de América Latina, está parada.

La planta de Caracas, que es Tacoa, está a media máquina porque no le dan mantenimiento. El tema eléctrico es responsabilidad del Gobierno por la falta de mantenimiento y la incapacidad estructural para manejar toda esa producción termoeléctrica.

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