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Exagente de la DEA es indagado por lavado de $7 millones a la mafia

José Irizarry fue sacado de Cartagena por operaciones sospechosas. Tendría nexos con contrabandista.

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Foto: archivo.

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Hasta mediados de 2017, José Irizarry fue uno de los más respetados agentes de la DEA apostados en Colombia. Participó en la captura de decenas de narcotraficantes y lavadores de dinero y era uno de los líderes de la oficina de esa agencia en Cartagena, en donde se había establecido y llevaba una vida con ciertas comodidades.

Pero Irizarry, de padres puertorriqueños y esposa colombiana, hace parte ahora de una investigación federal que busca establecer si más de 7 millones de dólares confiscados a estructuras del narcotráfico colombiano y venezolano terminaron en una cuenta secreta y fueron usados en lujosos viajes, fiestas, carros de alta gama y propiedades.

"En 2017, Irizarry fue sacado de Colombia por orden de su jefe inmediato y enviado a una oficina en Washington mientras se avanzaba en la investigación. Él había sido marchal y tenía buena hoja de vida, pero la información recaudada lo llevó incluso a renunciar antes de acceder a una pensión", le dijo a EL TIEMPO hace una semana una fuente federal.

También agregó que en ese momento se indagaba el supuesto nexo de Natalia Gómez, esposa del exagente, con el colombiano Diego Marín, considerado por algunos organismos de inteligencia como el 'zar' del contrabando a quien incluso se le ha investigado por lavado de activos.

Hace 8 días, la embajada en Colombia le manifestó a este diario que no se podía referir al tema y remitió el caso a Washington, en donde el caso se maneja bajo reserva. No obstante, en un proceso en contra de un ciudadano venezolano-americano, identificado como Gustavo Yabrudi, figura parte de esta turbia historia.

En efecto, a finales de 2018, Yabrudi se declaró culpable ante una corte de Tampa (Florida), por el delito de lavado de activos vinculado al narcotráfico. En el expediente consta que él era un informante de la DEA y que logró aliarse con Irizarry para ejecutar operaciones antimafia que no habrán sido autorizadas. También admitió que abrió una cuenta a su nombre para blanquear el dinero producto de la comercialización de la coca colombiana, y entregó constancias de varias consignaciones que hizo a cuentas de un llamado co-conspirador.

Fuentes federales no se comprometieron a confirmar si el exagente Irizarry era ese co-conspirador mencionado en el indictment, pero admitieron que su retiro de Colombia estaba vinculado a ese caso: "Él no ha sido detenido y hoy es un particular sin ninguna vinculación con la agencia o con el gobierno de Estados Unidos", señalaron en diálogo con este diario. Y confirmaron que se indaga un presunto nexo con el colombiano Diego Marín.

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Sobre este último se sabe que, en 1993, un informe de la DEA lo vinculó con el blanqueo de capitales del cartel de Cali; en 2004 le quitaron la visa y en 2017, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) les pidió a sus pares de Colombia que revisen sus antecedentes, movimientos financieros, bienes y hasta registros de migración.

Desde hace 10 días, EL TIEMPO se puso en comunicación con abogados y asesores de Marín quienes manifestaron desconocer el caso, pero aseguraron que su cliente había salido bien librado de los procesos que se le siguieron en Colombia por lavado de activos y extinción de dominio.

También dijeron que "asesores del empresario en España y Estados Unidos" le habían pedido que no se pronunciara. No obstante, negaron que tuviera nexos familiares con Natalia Gómez, esposa del exagente, o con el propio Irizarry.

En la única entrevista que Marín ha dado, le dijo a este diario que no hay pruebas en su contra: “No han podido probarme nada. Soy un perseguido de la Dijín desde 1993. No sé por qué, solo quieren ‘positivos’ conmigo”.

EL TIEMPO estableció que oficiales de inteligencia en Colombia ya tuvieron acceso a información sobre el caso y que se evalúa abrir una investigación formal y paralela a la que llevan autoridades federales. 

Y si bien Irizarry no se ha pronunciado, excompañeros señalaron que les llamaba la atención que este se declaró en bancarrota siete años antes de llegar a Colombia.
Por ahora, la Fiscalía de su país quiere saber si conocía o no la apertura de la cuenta a la que se desviaron dineros de operaciones, si tuvo o no nexos con Marín y si realizó operaciones antimafia a espaldas de sus jefes en Colombia.

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