Finanzas irregulares en ALBA el síntoma del lavado de dinero

La sospecha del investigador Douglas Farah es que los incongruentes crecimientos económicos y pérdidas de los negocios de ALBA en El Salvador y Nicaragua esconden el blanqueado de activos.
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Mientras el precio del petróleo caía a nivel internacional y la producción de la estatal venezolana PDVSA se desplomaba, debido a la salida de personal calificado hacia el exterior para huir del régimen chavista, los negocios de la petrolera en Centroamérica florecían de una manera inexplicable, de acuerdo con el investigador Douglas Farah, presidente de la Consultora IBI, quien esta semana participó en el foro “Adaptación de los esfuerzos estadounidenses contra el narcotráfico en Colombia”, organizado por el comité para el control internacional de narcóticos, del Senado de Estados Unidos.

Para Farah, la única explicación de la bonanza de ALBA Petróleos en El Salvador (empresa de la que alcaldes del FMLN son socios con PDV Caribe, una subsidiaria de PDVSA, dueña del 60 % de las acciones y que el investigador pone bajo control de José Luis Merino, dirigente efemelenista y viceministro de Relaciones Exteriores para la Atracción de Inversiones) y Albanisa en Nicaragua (controlada por Daniel Ortega, presidente del país y del FSLN) es que blanqueaban el dinero que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, reconvertida desde hace dos semanas en partido político) obtenían del tráfico de drogas y de la extracción y exportación ilegal de oro.

“Ambos conglomerados (ALBA Petróleos y Albanisa) tienen notables irregularidades financieras en sus ingresos y egresos y ambos experimentaron continuas inexplicables e irracionales. Estas irregularidades son producto del lavado de dinero y un ciclo de apoyo financiero que involucra a corruptos funcionarios venezolanos y organizaciones de narcotraficantes, incluidas las FARC”, externó Farah.

Crecimientos de entre 30 % y 50 % para las dos empresas no tienen explicación cuando el precio del petróleo a nivel internacional bajaba y mientras PDVSA dejaba de ser eficiente, según información interna de la petrolera estatal a la que Farah tuvo acceso.

El Banco Barclay’s calculó que entre 2012 y 2014 el petróleo venezolano destinado a Petrocaribe (el acuerdo energético por el cual Venezuela daba combustible a precios bajos a varios países) cayó de 400,000 a 200,000 barriles y ya para 2015 era solo de 80,000.

“Esto significa que las estructuras centroamericanas estaban recibiendo, en el mejor de los casos, menos del 15 % del petróleo con el que empezaron y lo estaban vendiendo a menos del 50 % del precio proyectado”, manifestó Farah. No obstante, Ortega anunció que Albanisa genera de $400 millones a $500 millones, cifra que se duplicaría en El Salvador.

“Este tipo de comportamiento económicamente irracional se observa generalmente cuando el dinero ilícito se está lavando en sistemas financieros para justificar su origen”, considera Farah.

Para el investigador, aquí es donde entran los activos ocultos de las FARC, que calcula pueden andar entre los $3,000 millones y $5,000 millones.

Tanto ALBA Petróleos como Albanisa crearon alrededor suyo estructuras empresariales corporativas, que iban desde agrícolas, financieras, venta de combustibles e incluso aerolíneas.

Esas empresas, apunta, rara vez generan beneficios e incluso solo existen en el papel. No obstante, sirven para legitimar millonarias inversiones en proyectos ficticios. Al recibir estos fondos, explica, el dinero entra en el sistema financiero.

En Nicaragua, por ejemplo, señala el caso de $360 millones invertidos en una fallida compañía de telefonía celular o que la aerolínea Nicaragua Airways solo funcionó durante cuatro meses. Un caso similar, con VECA Airlines, sucedió con ALBA Petróleos. El proyecto fracasó, tras millones de inversión y dejó a cientos de empleados sin sus prestaciones pagadas.

“La hipótesis de trabajo de IBI Consultants es que esto se debe a la colocación exitosa de gran parte del dinero de las FARC en el sistema financiero legal, haciendo innecesarias las empresas frontales porque ahora se puede acceder al dinero como fondos legales a través de nuevas estructuras corporativas legales”, considera.

Farah considera que las posiciones privilegiadas de Merino y Ortega en el gobierno forman lo que él denomina “Estado criminalizado”.

“Ahora que estas organizaciones operan con la protección de extremo a extremo del Estado, tienen acceso no solo a la protección gubernamental, sino también a la inmunidad de cualquier forma de escrutinio público o responsabilidad por sus acciones”, asegura.

Se le consultó al canciller Hugo Martínez sobre si se le ha notificado o requerido alguna acción sobre los supuestos vínculos entre ALBA, las FARC y José Luis Merino, dado que esta misma semana se encuentra en Washington en una misión diplomática para abogar por la extensión del TPS y la sustitución del programa DACA por una ley.

“Ningún congresista ha tocado ese tema en estas jornadas”, afirmó, “hasta hoy no he recibido ninguna comunicación oficial requiriendo información ni nada”.

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