Fiscal general Ortega no cede ante presión del oficialismo

Pidió a la CIDH protección para ella y sus trabajadores. También imputó al jefe de policía.
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Fiscal general Ortega no cede ante presión del oficialismo

Continuará.  La fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz,  firmó   que hay un “proceso progresivo de desmontaje del Ministerio Público”.

Continuará. La fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, firmó que hay un “proceso progresivo de desmontaje del Ministerio Público”.

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La fiscal general de Venezuela solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para ella y todos los funcionarios de ese organismo, decisión que se da poco después que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibió la salida del país y congeló sus activos y cuentas bancarias como parte de un proceso en su contra que podría provocar su enjuiciamiento y destitución.

Luisa Ortega Díaz, quien se enfrentó al Gobierno al rechazar el proceso de reforma de la constitución, anunció lo anterior ayer en su cuenta de Twitter.

Horas después, la Fiscalía General de Venezuela abrió un proceso al jefe de la policía política para imputarlo por presuntas violaciones a los derechos humanos. El general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), fue citado por el Ministerio Público el 4 de julio para que comparezca en calidad de imputado, señaló un comunicado emitido por la Fiscalía.

La acción contra el exministro de Relaciones Interiores se da un día después de que el Ministerio Público anunció la apertura de un proceso contra el excomandante de la Guardia Nacional, mayor general Antonio Benavides, quien fue citado para el 6 de julio para comparecer también como imputado de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en las protestas antigubernamentales que llevan tres meses y han causado al menos 76 muertos.

González López y Benavides, actual jefe de gobierno del Distrito Capital, fueron sancionados junto con otros cinco funcionarios venezolanos en 2015 por el Gobierno de Estados Unidos, que congeló sus bienes en ese país por supuestas violaciones a los derechos humanos durante las protestas que causaron 43 muertes en 2014.

Activistas y juristas consideraron que las acciones del Ministerio Público son un paso importante para hacer frente a la creciente impunidad en Venezuela, especialmente en materia de derechos humanos, aunque hay dudas de que los procesos contra los dos altos oficiales avancen en los tribunales, que han sido señalados por algunas organizaciones humanitarias de ser controlados por el oficialismo.

Las acciones contra los dos altos oficiales también coinciden con un proceso que emprendió este mes el Tribunal Supremo de Justicia contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por presuntas “faltas graves” que habría cometido en su cargo y que podrían conducir a que la destituyan del cargo.

La acción de Ortega Díaz, quien hasta hace unos meses era identificada como cercana al oficialismo, se da dos días después de que el máximo tribunal le prohibió la salida del país y congeló sus cuentas bancarias mientras se resuelve un pedido de antejuicio para retirarle un beneficio legal y enjuiciarla por las supuestas “faltas graves”. La Sala Plena fijó para el 4 de julio una audiencia pública en la que Ortega Díaz y otros funcionarios presentarán sus alegatos.

El máximo tribunal, señalado de estar controlado por el Gobierno, otorgó esta semana a la Defensoría del Pueblo atribuciones para participar en las investigaciones propias de la Fiscalía.
 

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