Fiscalía cerca a Rousseff, Lula y a la cúpula brasileña

El fiscal general de la República de Brasil lanzó una serie de graves denuncias que ponen en la mira de la Justicia a las principales autoridades del país, a empezar por la presidenta Dilma Rousseff.
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La Fiscalía General de Brasil ha solicitado al máximo tribunal del país que autorice una investigación por acusaciones de obstrucción de la justicia contra la presidenta Dilma Rousseff, informó ayer la prensa local. Rousseff es una de las 30 personas que fueron enlistadas en la petición del fiscal Rodrigo Janot.

Antes de pedir investigar formalmente a la mandataria por presunta obstrucción a la Justicia, Janot había denunciado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por la misma causa ante la Suprema Corte de Justicia.

El fiscal general pide incluir a Lula, tres de los principales ministros de Rousseff, otros exministros de ambos, senadores y diputados en el principal proceso vinculado a la trama de corrupción que operó en Petrobras, que tramita en el Supremo.

Lapidario, Janot sostiene que el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil no podría existir sin la anuencia y conocimiento de Lula.

Según Janot, las 31 personas que pretende incluir en ese proceso, entre quienes está además el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, están bajo sospecha de haber incurrido en los delitos de asociación para delinquir, lavado de dinero y corrupción.

“Esta organización delictiva jamás podría haber funcionado durante tantos años y de una forma tan amplia y agresiva en el ámbito del Gobierno federal sin que el expresidente Lula participara de ella”, aseveró el fiscal.

Pero además de tener en jaque a la propia presidenta de la República, sus principales ministros, al presidente de Diputados —tercero en la línea jerárquica del país y ya procesado en el Supremo por presuntos nexos con los fraudes en Petrobras—, Janot puso en la mira de la Justicia al principal líder de la oposición, el senador Aécio Neves.

Ayer el relator de la comisión especial del Senado que analiza la apertura de un juicio político contra la presidenta recomendó que sea enjuiciada.

El senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal opositor del Gobierno, dijo que la denuncia contra Rousseff presenta “todos los requisitos formales exigidos por la legislación vigente, especialmente por la Constitución Federal, para ser acogido”.

La política del Partido de los Trabajadores (PT) está acusada de haber violado la Ley de Responsabilidad Fiscal al practicar maniobras contables que permitieron maquillar la verdadera situación de las cuentas públicas.

El cuarto en la línea de poder, el presidente del Senado, Renan Calheiros, tiene 12 procesos abiertos en el Supremo, también por sospecha de haberse beneficiado con los fraudes en Petrobras y haber participado en otros casos de corrupción. Como presidente del Senado, Calheiros será quien conducirá el juicio político contra Rousseff, en caso de que el 11 de mayo se apruebe.

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