Fiscalía denuncia una ruptura dentro del orden constitucional

Fiscal venezolana mostró rechazo ante toda “injerencia”, pero afirmó que es su “obligación” manifestar su preocupación por el fallo del TSJ. Maduro movió sus cables ayer mismo para “resolver el impase”.
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La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo ayer que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir mediante una sentencia las funciones de la Asamblea Nacional representa una ruptura en el orden constitucional del país.

La declaración de la jefa del ministerio público rompió la unanimidad de los poderes venezolanos, que usualmente replican posiciones similares a las líneas del Gobierno.

Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro convocó horas más tarde al Consejo de Defensa de la Nación para “resolver” el “impase” que generó la posición de la fiscalía.

En ese sentido, el jefe de Estado señaló que este Consejo de Defensa deberá reunirse y “deliberar y sacar una resolución que fortalezca la Constitución venezolana”, para resolver cualquier “diferencia” que haya entre “poderes constituidos”.

En la jornada, diputados de la Asamblea Nacional presentaron en la Fiscalía General una acción penal contra los magistrados que aprobaron el polémico fallo, en medio de distintos focos de protestas reprimidas por la policía.

Asimismo, el Gobierno negó en un comunicado que se haya consumado un golpe contra la Asamblea, tal como denunció el jefe del Legislativo, Julio Borges.

Señaló, además, que la Asamblea estaba funcionando ayer, con las puertas abiertas y los diputados atendiendo sus labores en las comisiones.

La fiscal señaló que en las recientes decisiones de la Sala Constitucional del TSJ se evidencian varias violaciones a la Constitución y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Carta Magna.

Se refería a las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional emitidas el martes y el miércoles de esta semana, en las que se limita la inmunidad parlamentaria de los diputados y el TSJ asume las atribuciones de la Asamblea alegando un supuesto desacato a las sentencia del Poder Judicial.

“En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, dijo Ortega en la fiscalía. Sus palabras fueron aplaudidas.

Destacó que sentía la obligación y el deber histórico de manifestar su profunda preocupación por los eventos recientes, sobre todo “considerando que todos los venezolanos, a través de la Constitución, lograron este contrato social que es la Constitución de Venezuela”.

“Como máximo representante del ministerio público, en nombre de los 10,000 funcionarios y sus casi 3,000 fiscales que ejercen de forma autónoma sus funciones, llamo a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, que respeten la Constitución, propicien un ambiente de respeto a la Carta Magna y rescaten la pluralidad”, aseveró.

En la Asamblea, Borges destacó las declaraciones de Ortega, indicando que la posición de la fiscal demuestra que el respeto a la Constitución puede unir a Venezuela.

“El paso que dio la fiscal de haberle dado el valor que tiene la Constitución, el mundo se lo reconoce. A todas las instituciones del país, la Fuerza Armada, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, los magistrados, les hacemos un llamado: este es el momento de obedecer la conciencia, los valores, es el momento de que el jefe del país sea la Constitución”, señaló.

Reconoce ilegalidad

Asimismo, destacó que el hecho de que la fiscal calificara la sentencia como una ruptura constitucional es un reconocimiento de la ilegalidad.

Eso debe generar “responsabilidades penales”, añadió.

“Nuestros diputados acudieron hoy (ayer) a la Fiscalía General a introducir una acción penal en contra de los magistrados del TSJ”, dijo el diputado opositor en una rueda de prensa en la que insistió en calificar el fallo judicial como un golpe de Estado.

Borges señaló que es importante que los magistrados de la Sala Constitucional sepan que “si se sienten poderosos hoy, mañana pedirán clemencia, pues las violaciones de los derechos humanos son delitos de lesa humanidad que no prescriben”.

El Gobierno insiste en que no hubo un golpe contra la cámara legislativa.

“Por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones emanadas del máximo tribunal de la república”, señala la declaración de la cancillería.

En el texto, el Gobierno repudia lo que llamó la “arremetida de los gobiernos de la derecha intolerante y proimperialista de la región, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses, que pretenden atentar contra el estado de derecho en Venezuela y su orden constitucional”.

La oposición, por su parte, denunció también que hubo al menos dos detenidos y que al menos dos periodistas, una diputada y dos estudiantes resultaron heridos  durante las manifestaciones que se realizaron ante la Fiscalía General y el TSJ en protesta por la sentencia.
 

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