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Fiscalía investiga delitos de militares contra civiles

La fiscal general también reclamó el uso excesivo de la fuerza de militares y policías al dispersar a manifestantes con diferentes dispositivos.
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Protestas.  Luego de dos meses de protestas para impedir una Asamblea Constituyente, las autoridades electorales aprobaron celebrarla.

Protestas. Luego de dos meses de protestas para impedir una Asamblea Constituyente, las autoridades electorales aprobaron celebrarla.

Fiscalía investiga delitos de militares contra civiles

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La fiscal general de Venezuela abrió ayer siete investigaciones por los civiles detenidos para ser juzgados por tribunales militares en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias que señalan al gobierno de Nicolás Maduro de violar tratados internacionales y hasta la Constitución.

Luisa Ortega Díaz dio un nuevo paso en su distanciamiento del Gobierno al objetar los procesos militares, que aseguró van en contra de la Constitución. La funcionaria, de hecho, cuestionó las acciones de las fuerzas de seguridad en el control de las protestas.

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El presidente Nicolás Maduro y otras figuras del Gobierno han defendido los procesos militares contra civiles y las actuaciones de la Policía y la Guardia Nacional, y han acusado a la oposición de asesinar a algunos manifestantes para alentar las protestas.

En una conferencia de prensa, Ortega Díaz reveló que el universitario Juan Pernalete murió por el disparo de una bomba lacrimógena que lanzó un guardia nacional, lo que anuló la versión del Gobierno, que acusó a manifestantes opositores de asesinar al joven con una pistola de perno.

El universitario, de 20 años, murió el pasado 27 de abril tras sufrir una herida por un disparo que recibió en el pecho durante una protesta en los alrededores de la plaza Francia de Altamira, en el este de la capital. La fiscal manifestó preocupación por los más de 500 casos de civiles heridos por la acción de las fuerzas de seguridad y exhortó a los altos mandos militares a que mantengan un control y seguimiento ante los actos violentos.

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El Ministerio Público imputó a 19 policías y militares por los delitos de homicidio, trato cruel e inhumano, uso indebido del arma, privación ilegítima de libertad y violación de domicilio en el marco de las protestas de los últimos dos meses.

Ortega Díaz se distanció a finales de marzo del Gobierno al rechazar dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y denunciar que en el país se había producido una ruptura del orden constitucional.

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Mientras tanto, varios miles de opositores marcharon ayer por el este de Caracas en rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral de posponer hasta fin de año la elección de gobernadores y acelerar el proceso constituyente promovido por Maduro.

Cientos de policías con equipos antimotines bloquearon el paso a los manifestantes cuando intentaban avanzar hacia la sede del Consejo Nacional Electoral, en el centro de Caracas.

Un grupo de manifestantes tomó la principal autopista de la capital y fue reprimido por guardias nacionales que les lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma y potentes chorros de agua desde un camión cisterna, como es habitual en las protestas.
 

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