Gobernador de Carolina del Sur ordena retirar fondos a clínicas abortivas

La orden implica que las agencias estatales dejen de proporcionar financiación, ya sea a través de subvenciones, contratos, fondos federales administrados por el estado o "cualquier otra forma", a cualquier clínica que ofrezca servicios abortivos.
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El gobernador de Carolina del Sur (Estados Unidos), el republicano Henry McMaster, firmó hoy una orden ejecutiva por la que exige a las agencias estatales que corten los fondos destinados a las clínicas abortivas.

La orden implica que las agencias estatales dejen de proporcionar financiación, ya sea a través de subvenciones, contratos, fondos federales administrados por el estado o "cualquier otra forma", a cualquier clínica que ofrezca servicios abortivos.

McMaster también instruyó al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) del estado para que busque exenciones del Gobierno federal que le permita excluir a las clínicas abortivas de la red estatal de proveedores de Medicaid (el programa de ayuda a la cobertura sanitaria para las personas de bajos recursos).

"Hay una serie de agencias, clínicas y entidades médicas en Carolina del Sur que reciben fondos de los contribuyentes para ofrecer servicios importantes de salud de la mujer y planificación familiar sin realizar abortos", dijo McMaster en un comunicado.

"El dinero de los contribuyentes no debe subsidiar directa o indirectamente a los proveedores de abortos como Planned Parenthood", aseveró el gobernador en referencia a una de las organizaciones más grandes del país que ofrece este tipo de servicios.

Sin embargo, según diarios locales, sólo tres clínicas ofrecen abortos voluntarios en Carolina del Sur, incluyendo una clínica de Planned Parenthood en la ciudad de Columbia.

Un juez federal en Texas bloqueó temporalmente un intento similar de cortar los fondos de Medicaid a Planned Parenthood hace unos meses, aunque el fiscal general del estado dijo que Texas apelará el fallo.

Aunque en 1973 el Tribunal Supremo abrió la puerta a la legalización del aborto, en la última década estados conservadores, como Texas, Michigan, Misuri y Virginia, han interpuesto cortapisas legales para impulsar su agenda "pro-vida".

El fallo de 1973, en el caso "Roe vs Wade", técnicamente no indicó que el aborto sea legal, sino que declaró inconstitucional la interferencia del Estado en la decisión de la mujer sobre la continuación de su embarazo.

Por eso, en los últimos años, numerosos estados han promulgado restricciones al aborto alegando proteger los derechos religiosos de quienes proveen los seguros médicos, lo que ha obstaculizado el acceso a las prácticas abortivas en gran parte del territorio estadounidense.


 

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