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Gobierno de Trump impone sanciones financieras a Venezuela

El presidente de EUA firmó ayer una orden ejecutiva con la que evita que bancos estadounidenses hagan transacciones nuevas con el Gobierno o con la petrolera estatal PDVSA.
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Cierra el paso.  Donald Trump, presidente de EUA, con su nieta Arabella Kushner. Trump firmó más sanciones contra Venezuela.

Cierra el paso. Donald Trump, presidente de EUA, con su nieta Arabella Kushner. Trump firmó más sanciones contra Venezuela.

Cruzada.  El vicepresidente  Mike Pence  aseguró que  no se quedará “de brazos cruzados mientras Venezuela se desmorona”.

Cruzada. El vicepresidente Mike Pence aseguró que no se quedará “de brazos cruzados mientras Venezuela se desmorona”.

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Donald Trump dio ayer un paso más decidido para presionar al régimen de Nicolás Maduro e impuso, por primera vez, sanciones financieras a Venezuela, para bloquear el acceso del régimen al sistema financiero estadounidense y dificultar así su acceso a créditos.

Trump firmó una orden ejecutiva que incluye la prohibición al sistema financiero de Estados Unidos de comprar bonos y deuda del Estado venezolano y de la compañía petrolera estatal PDVSA, e impide a los bancos concederles nuevos créditos.

Restringe también la negociación de algunos bonos que tiene el Estado venezolano, así como el pago de dividendos por los mismos.

La embajada de los Estados Unidos en El Salvador dijo que todavía no tienen información específica de cómo estas sanciones pueden afectar al país.

El Gobierno de Trump cambió la estrategia. Pasaron de dirigir sanciones contra individuos del entorno político del mandatario venezolano -él mismo incluido recientemente en la lista-, a enfocar su acción sobre el sustento económico de la estructura estatal.

“Maduro ya no se aprovechará del sistema financiero estadounidense para facilitar el gran saqueo de la economía venezolana a expensas del pueblo venezolano”, manifestó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

La primera reacción del Gobierno de Maduro llegó por parte de su canciller, Jorge Arreaza, que se encontraba en la ONU en Nueva York. El ministro acusó a Estados Unidos de querer provocar una crisis humanitaria en su país y calificó las medidas como “la peor agresión hacia Venezuela en los últimos 200 años”.

Aunque Washington por primera vez apunta a PDVSA, de momento, no dio el paso de imponer el embargo petrolero que considera desde hace tiempo. De hecho, dejó fuera de las sanciones aprobadas ayer las exportaciones e importaciones de crudo.

PDVSA tiene una subsidiaria en El Salvador, que financió y forma parte de ALBA Petróleos.

No es la única excepción que hace. El Departamento del Tesoro expidió licencias a determinadas transacciones “para mitigar el daño al pueblo estadounidense y venezolano”. Las que involucran a CITGO, empresa filial de PDVSA que opera en Estados Unidos, queda también protegida.

Hay 30 días de gracia para finalizar operaciones en curso. La mayor parte del comercio entre los dos países seguirá financiado, así como la asistencia humanitaria.

Las medidas aprobadas ayer se han calibrado cuidadosamente, según la Casa Blanca, para evitar que el sistema financiero estadounidense contribuya “a la corrupción y la pauperización del pueblo venezolano”.

La nueva ronda de sanciones llega dos días después de que el vicepresidente, Mike Pence, se reuniera en Florida con representantes de la diáspora venezolana en Estados Unidos y les prometiera que su Gobierno seguirá presionando a Maduro hasta que la democracia regrese al país latinoamericano.

Aún así, Pence no habló sobre la “opción militar”, que Trump dijo que no descartaba. Su comentario provocó críticas entre dirigentes de América Latina, que luego Pence tuvo que enfrentar en su reciente gira por cuatro países de la región.

El consejero de Seguridad Nacional, H. R. McMaster, confirmó ayer en la Casa Blanca que la opción militar está entre las que la administración estudia para Venezuela, pero no para “el futuro cercano”.

El general explicó que Trump ha pedido anticipar planes para un escenario de “mayor deterioro” en Venezuela y ese es uno de los que se estudian.

Esta es ya el quinto paquete de sanciones por parte de Estados Unidos desde que Trump llegó a la Casa Blanca. La primera fue en febrero, cuando el Departamento del Tesoro incluyó al vicepresidente, Tareck El Aissami, en la lista de narcos. En mayo impuso sanciones a ocho miembros del Tribunal Supremo, incluido el titular de esa institución.

Pero fue a raíz de la convocatoria a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente cuando incrementó significativamente la presión. El 26 de julio sancionó a 13 funcionarios relacionados con ella y al día siguiente de su elección, el 30 de julio, sancionó directamente a Maduro.

Tras la toma de posesión de la Constituyente, sancionó a seis miembros de la misma, entre ellos el hermano mayor del fallecido presidente Hugo Chávez, y a otras dos personas relacionadas con ella.

El secretario Mnuchin aseguró ayer que Estados Unidos no busca sacar a Maduro de la presidencia venezolana con esta serie de medidas. “Se trata de restablecer el proceso democrático y el Estado de derecho”, dijo el funcionario.

“Las medidas ilegales que ha pretendido hoy (ayer) tomar el presidente Donald Trump contra el pueblo de Venezuela sencillamente violan la legalidad internacional, la carta de Naciones Unidas y sencillamente ratifican un camino imperial de agresión contra Venezuela”, sentenció ayer Maduro durante una alocución transmitida en cadena obligatoria.

Esta es la primera vez que Estados Unidos aplica sanciones dirigidas a la economía venezolana en su conjunto, aunque no está claro cuándo se notarán en la actividad diaria de los venezolanos.

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