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Grupos humanitarios afirman que juicio a Ríos Montt es histórico

Aura Elena Farfán, de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), dijo que el juicio contra el ex dictador es "histórico" porque permitirá demostrar con pruebas "hechos fehacientes y atrocidades" cometidas contra población civil no combatiente.
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Organizaciones humanitarias coincidieron hoy en calificar de "histórico" el inicio del juicio programado para mañana contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, por el delito de genocidio, y confiaron en que represente un avance para la justicia guatemalteca en contra de la impunidad.

También Amnistía Internacional consideró que supone una oportunidad de justicia para las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos contra las comunidades mayas del país, señaló en un comunicado difundido hoy.

"Es un momento realmente histórico porque es la primera vez que un ex jefe de Estado de Centroamérica va a ser juzgado por crímenes bajo el derecho internacional", señaló Guadalupe Marengo, que dirige el programa americano de AI.

"Los familiares de las víctimas llevan más de 20 años esperando justicia", ya que el juicio lleva siendo bloqueado por apelaciones durante 11 años.

Al mismo tiempo, denunció que "pese a los esfuerzos por llevar a los responsables ante la Justicia, las fuerzas armadas del país siguen sin cooperar cuando se trata de investigar violaciones cometidas durante el conflicto armado".

"Es un mensaje para el mundo y es que en Guatemala empieza a haber avances en el sistema de Justicia para romper el terrible muro de impunidad" que ha favorecido a los responsables de violaciones a los derechos humanos, dijo a dpa Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mututo (GAM) de familiares de desaparecidos.

Aura Elena Farfán, de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), dijo que el juicio contra el ex dictador es "histórico para Guatemala, y también a nivel mundial" porque permitirá demostrar con pruebas "hechos fehacientes y atrocidades" cometidas contra población civil no combatiente.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, dijo que el juicio es "histórico" por lo que representa para la justicia guatemalteca y universal y sobre todo porque el acusado es una "figura relevante" y porque el delito del que se le juzga (genocidio) es de "alto impacto político".

Farfán dijo que el juicio permitirá escuchar testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas, con lo que "el mundo podrá conocer el horror vivido en las comunidades", objeto de la política de tierra arrasada desarrollada por el ejército guatemalteco como parte de su estrategia contrainsurgente.

"Creo que en los últimos años hay avances en el sistema de Justicia de Guatemala, y llevar a un ex dictador ante una corte es una prueba importante de ello. Confiamos en que la justicia impere en este caso y se derribe el muro de impunidad", insistió Polanco.

Ibarra reconoció que el juicio se iniciará en un ambiente "tenso", marcado por la polarización de la sociedad guatemalteca y reconoció que esto "preocupa".

También advirtió que la administración de justicia es "débil ante este tipo de casos", por lo que señaló la necesidad de que el juicio se desarrolle "libre de presiones" y que además se garantice la seguridad de todos los sujetos procesales.

La juez Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, convocó a las partes para el inicio del debate oral y público a las 8:30 horas (14:30 GMT) en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

Junto a Ríos Montt también será juzgado otro general retirado, José Mauricio Rodríguez, quien fungió como jefe de inteligencia militar durante el mandato de facto del primero (1982-83).

Entre el Ministerio Público y los querellantes adhesivos, quienes representan a las víctimas y sus familiares, presentarán como pruebas unos 115 testigos, 60 peritajes, y documentos que incluyen planes militares e informes forenses.

Ambos ex militares son acusados por la muerte de 1.771 personas, entre hombres, mujeres y niños en masacres cometidas por los militares en al menos 15 comunidades de la zona habitada por la etnia maya ixil, en el montañoso y empobrecido departamento de Quiché (norte). El Ministerio Público responsabiliza a Ríos Montt como autor intelectual pues las atrocidades ocurrieron durante su mandato.

Rodríguez es acusado de haber implementado planes militares que fueron utilizados para matar a pobladores de la zona ixil, que comprende los municipios de Nebaj, Chajul y San Juan Cotzal, Quiché.

Las masacres motivaron el desplazamiento de 29.000 personas de 54 comunidades, que fueron obligadas a huir a las montañas y vivir en condiciones infrahumanas. El conflicto armado de Guatemala duró 36 años (1960-96) y dejó más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, de acuerdo a una comisión de la verdad auspiciada por la ONU.

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