Guatemala aborta pacto para corruptos

El Congreso derogó reformas que beneficiaban a políticos que incurrieran en financiamiento ilícito. Miles de guatemaltecos impidieron la salida de congresistas y pidieron su renuncia. Procuraduría condenó agresión de antimontines.

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Las reformas al Código Penal, realizadas por el Congreso de Guatemala, que quitaban responsabilidad a políticos que cometieran financiamiento electoral ilícito y que también libraban de prisión a quienes cometieran al menos unos 400 delitos tipificados en ley, fueron derogadas el viernes, luego de despertar la ira de miles de guatemaltecos.

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Con 130 votos a favor (el total de los asistentes) de 158 diputados, los legisladores aprobaron suspender en definitiva la reforma de tres artículos del Código Penal. Los cambios a la ley se hicieron unos días después de que el presidente Jimmy Morales fuera señalado por la Fiscalía General de ese país y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de irregularidades durante la campaña que lo llevó al poder en 2016.

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Miles de manifestantes rodearon la noche del viernes, durante 12 horas, las instalaciones del Congreso y no permitieron la salida de los diputados del palacio legislativo tras la sesión de revocatoria de las reformas, exigiendo que renunciaran por los cambios hechos a la ley. A la medianoche del viernes, nueve horas después de finalizada la sesión, un grupo de 200 policías antimotines evacuó a los diputados, lanzando gas pimienta contra los manifestantes que aún permanecían en el lugar. A su salida, la diputada Alejandra Carrillo del partido Movimiento Reformador hizo señas obscenas a manifestantes, encendiendo la ira de estos.

La Procuraduría de Derechos Humanos concluyó que hubo exceso de fuerza y la Corte de Constitucionalidad ordenó ayer garantizar el derecho de los gualtemaltecos a manifestarse libremente.

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El mecanismo para derogar, conocido como Precedente Legislativo, sirve para regular los procedimientos que pueden aplicarse a decretos que reciban objeciones. En este caso, según el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, varios diputados objetaron el decreto. Las manifestaciones de miles de guatemaltecos y la rabia expresada por ellos logró no solo que los diputados dieran marcha atrás, sino que además varios de ellos pidieran disculpas.

 

“¡No nos vamos hasta que renuncien!” y “¡Depuremos el Congreso!” eran algunas de las frases que miles de manifestantes gritaban el viernes por la noche a las afueras del Congreso.

 

La diputada de oposición, Nineth Montenegro, quién voto en contra de las polémicas reformas declaró al pleno: “Ojalá que desde hoy, si es que nos dejan terminar el periodo, leamos bien las iniciativas para evitar el descontento que ahora hay”.

 

Antes de que las reformas fueran derogadas por el Congreso, la Corte de Constitucionalidad ya había hecho una suspensión provisional de las mismas con un recurso legal aduciendo que los cambios ponían en riesgo el sistema de justicia del país. Los legisladores habían acordado reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurriera en el delito de financiamiento ilícito y en paralelo aprobaron que una sentencia de una década de cárcel pudiera ser conmutada por una multa.

 

El presidente Jimmy Morales llegó al poder tras la convulsión política por la que fueron procesados el expresidente, Otto Pérez, y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti. Morales, con poca experiencia política y después de ser un comediante de televisión, ganó popularidad con el lema “Ni corrupto, ni ladrón”. El partido que lo apoyó —el Frente de Convergencia Nacional (FCN), fundado por exmilitares, algunos acusados de crímenes de lesa humanidad— fue uno de los impulsores de los cambios legales. Las reformas fueron aprobadas días después de que la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaran a Morales de financiamiento electoral ilícito durante la campaña política que lo llevó al poder en 2016. Tras la acusación, el mandatario ordenó la expulsión del titular de la CICIG, lo que lo volvió blanco de críticas dentro y fuera del país. Finalmente, la Corte Constitucional detuvo la salida del país del comisionado. Esta semana también se conoció que el mandatario recibió durante nueve meses un sobresueldo de $61,000 de parte del ejército. La Contraloría General de Cuentas, que investiga el pago, lo obligó a devolver el dinero.

 

 

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