HRW: Redadas policiales violentan a sectores populares en Venezuela

Un informe de organizaciones humanitarias publicado hoy revela el inclemente abuso de poder que existe en las fuerzas policiales venezolanas.
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El cuerpo policial de Venezuela violenta los derechos humanos de los sectores populares al ejecutar acciones arbitrarias en las que se abusa del poder y se viola la integridad de los ciudadanos, según un informe. Las autoridades venezolanas habrían realizado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzosos y destrucción de viviendas durante redadas, agrega.

Además, ejecutan deportaciones arbitrarias de ciudadanos colombianos, según denuncia un estudio conjunto del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y Human Rights Watch (HRW) difundido este lunes.

“Los venezolanos enfrentan uno de los índices de homicidios más altos del hemisferio y necesitan ser protegidos eficazmente y con urgencia ante delitos violentos”, observó José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, en un comunicado.

Según testimonios recabados por PROVEA y HRW entre decenas de residentes de Caracas y de cinco estados (Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia), los ciudadanos fueron víctimas de abusos durante operativos policiales.

En Mérida y Táchira las organizaciones entrevistaron a defensores de derechos humanos que habían documentado señalamientos con respecto a deportaciones arbitrarias de colombianos en la frontera.

También se examinaron fuentes oficiales, incluidos documentos judiciales y declaraciones de autoridades, así como fotografías y videos, que respaldan el estudio.

El informe de 43 páginas: Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela, analiza las acusaciones de abusos durante operativos de seguridad pública hechos desde julio de 2015.

Estos abusos fueron hechos durante la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), anunciada por el Gobierno como una iniciativa para combatir a criminales.

Además, las víctimas declararon no tener confianza en otras autoridades para acudir a hacer una denuncia de la violencia sufrida.

“En múltiples redadas a lo largo del país, las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos –incluyendo asesinatos ilegales– nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección”.

En febrero de 2016, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, indicó que 245 personas murieron en el marco de ejecución de la OLP en 2015, en casos en que “intervinieron funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad”.

Decenas más han sido asesinadas desde comienzos de 2016, según ha trascendido en los medios de comunicación internacionales.

En reiteradas declaraciones, funcionarios del gobierno han afirmado que estas muertes se produjeron durante “enfrentamientos” con delincuentes armados, según defiende el oficialismo.

Poder sin Límites expone 20 casos en los cuales familiares de víctimas o testigos indicaron que no se había producido ningún enfrentamiento, y casos en los cuales las víctimas fueron vistas con vida por última vez mientras estaban bajo custodia policial.

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