Harrington no es admitida en reunión de fiscales regionales

Se reunieron para hablar en detalle la situación de la fiscal venezolana Ortega Díaz.
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La vicefiscal general de Venezuela, Katherine Harrington, designada en ese cargo por el Tribunal Supremo de Justicia pero desconocida por la fiscal general, Luisa Ortega, no fue admitida a participar ayer en Buenos Aires en una asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).

Fuentes de la organización del encuentro confirmaron a Efe que Harrington se presentó a la cita pero “no pudo participar” porque la AIAMP desconoce su cargo y, además, no integra la lista de la delegación de Venezuela registrada para este evento.

La cita en Buenos Aires fue convocada a petición de Bolivia y reúne a fiscales generales de 17 países de Iberoamérica para analizar precisamente la situación de la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, que está sometida a un proceso de enjuiciamiento impulsado desde el oficialismo que podría separarla de su cargo.

Harrington, sancionada por Estados Unidos en 2015 con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país, fue designada el pasado día cuatro por el Supremo de su país como vicefiscal general.

Eso ocurrió un día después de que el Parlamento venezolano, controlado por representantes de la oposición, ratificó en ese cargo a Rafael González, designado por la fiscal general el 17 de abril pasado.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, designó en 2015 a Harrington como viceministra para el Sistema Integrado de Investigación Penal y es considerada por la oposición como una aliada de la llamada revolución bolivariana por haber llevado causas de varios dirigentes políticos encarcelados.

La fiscal general se ha distanciado del Gobierno al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y al oponerse al cambio de la Constitución venezolana que promueve Maduro, lo que le ha valido que desde el chavismo la tilden de “traidora”.

Ortega, que ha hablado con sus colegas reunidos en Buenos Aires a través de videoconferencia, ha reiterado que desconocerá las decisiones del Supremo por ser “contrarias a la Constitución”, mientras el Supremo adelanta un enjuiciamiento en su contra que podría dejarla fuera del cargo.

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