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Hombres armados se toman un juzgado para liberar a pandillero en Honduras y ejecutan a cuatro policías

El pandillero, que fue sacado del tribunal por una veintena de hombres armados, es acusado por cinco delitos de asesinato. 

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Hombres armados se toman un juzgado para liberar a pandillero en Honduras y ejecutan a cuatro policías

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Cuatro policías militares murieron y otro resultó herido de gravedad este jueves en un tiroteo en un tribunal de Honduras en el que una veintena de hombres armados irrumpieron para sacar a un pandillero acusado por cinco delitos de asesinato, lo que dio paso a un enfrentamiento con la Policía.

El hecho ocurrió en el juzgado de la ciudad de El Progreso, departamento norteño de Yoro, minutos después de iniciado el juicio contra Alexander Mendoza, líder de la Mara Salvatrucha (MS13).

El pandillero, que fue sacado del tribunal por una veintena de hombres armados, es acusado por cinco delitos de asesinato, tres de ellos en concurso real, según un informe preliminar de la Policía hondureña.

Los agresores dispararon en contra de las instalaciones del juzgado para posteriormente ingresar y ejecutar a cuatro de los agentes de la Policía Militar de Orden Público que custodiaban a Mendoza, conocido con el alias "El Porky".

Uno de los policías militares falleció en un hospital de El Progreso, adonde fue trasladado otro agente que resultó gravemente herido en el incidente.

Otros policías que se encontraban en el edificio del juzgado, según versiones de medios locales, trataron de repeler el ataque de los agresores, que viajaban en cuatro camionetas, en las que huyeron con rumbo desconocido.

Mendoza, que fue detenido en diciembre de 2015, es acusado por cinco delitos de asesinato y, además, es sindicado por su supuesta participación en el asesinato de dos fiscales hondureñas en octubre de 2014.

Las fiscales Marlene Banegas y Patricia Eufragio fueron asesinadas en la ciudad de San Pedro Sula, norte hondureño, por hombres no identificados que atacaron el vehículo en el que se transportaban.

Banegas era coordinadora de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, y Eufragio estaba a cargo de la Fiscalía del Medio Ambiente, según las autoridades del Ministerio Público.

Mendoza fue condenado en diciembre de 2018 a 20 años de prisión por lavado de activos y asociación ilícita.

La Secretaría de Seguridad de Honduras indicó en un comunicado que las fuerzas del orden "coordinan esfuerzos" para "lograr la recaptura de este peligroso criminal que en su plan de fuga acabó con la vida de valiosos funcionarios policiales y militares".

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, condenó el hecho violento y aumentó a dos millones de lempiras (un poco más de 81.000 dólares) la recompensa que ofreció horas antes la Secretaría de Seguridad a quien facilite "información contundente" para capturar a Mendoza.

El gobernante dijo al Canal Hable Como Habla (HCH), que transmite desde Tegucigalpa, que siente una "profunda tristeza" por el asesinato de los agentes y se solidarizó con las familias de las víctimas.

Mendoza "va a caer, sino cae hoy, va a caer las próximas horas o días", enfatizó Hernández, quien señaló que ya han sido capturados cinco de los hombres que participaron en la liberación del pandillero.

"No vamos a descansar hasta recapturar a este individuo y sus acompañantes y ponerlos a la orden de la justicia, hay una articulación en este momento y un operativo fuerte", enfatizó.

Dijo estar seguro de que al operativo para capturar a Mendoza "se van a unir miles de hondureños honestos, honrados, que saben que tenemos derecho a vivir en paz y tranquilidad".

La Secretaría de Seguridad señaló además que las autoridades mantendrán en reserva la identidad de la persona que informe sobre el paradero del pandillero fugado.

Las denuncias serán recibidas de "manera estrictamente confidencial" a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, añadió.

La Policía Nacional reiteró "su compromiso de combate a la criminalidad" y solicitó a la ciudadanía "su valiosa colaboración para hacer frente a esta situación que pone en riesgo la seguridad de la familia hondureña”.

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