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Inmigrantes temen ser una ‘carga pública’; activistas muestran solidaridad y acción

Denuncian que las nuevas medidas solo perjudicará a las comunidades de más bajos ingresos

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La sobreviviente de violencia doméstica y madre soltera de cuatro menores de edad, Maya Canseco, dijo que el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) que quienes sean considerados una “carga pública” podrían perder derechos a una legalización en el país, la tiene al borde de un ataque de nervios.

Canseco, quien decidió usar un nombre ficticio por temor a represalias, contó que en el 2013 calificó para obtener una Visa U después de haber sido víctima de intento de homicidio.

Sin embargo, como vendedora ambulante y trabajadora doméstica sus ganancias no le alcanzaban para mantener a sus cuatro hijos, así que se vio en la necesidad de pedir ayuda del gobierno.

“He recibido Medi-Cal, estampillas de comida, y también recibo ayuda del programa del gobierno GAIN [Grandes Avenidas para la Independencia] para ayudarme en mi educación”, reveló preocupada Canseco pues hace un mes envió su solicitud para la residencia legal permanente.

Ella teme que la ayuda gubernamental que ha recibido para sus hijos pueda afectar su proceso migratorio.

“Yo ya mandé todo lo que me pedían para hacer el ajuste, pero llevo casi cuatro semanas y no he escuchado nada [de inmigración]”, dijo la inmigrante. “Mi identificación se me vence el 30 de septiembre, y no he ido a un abogado porque no tengo dinero, pero [conocidos] me han dicho que si no me llega antes [la residencia] mi nombre podría estar en una lista de deportación”.

Canseco dijo que la frustración es tanta que ella y sus hijos comienzan a sufrir traumas.

“Es horrible, no puedo ni dormir. Ha venido la policía buscando a otras personas [al edificio] donde vivo y mis hijos corren para no abrir la puerta”, expreso la vendedora, quien aseguró que temen a una separación si ella es deportada.

Atentando contra la salud

Un temor similar enfrenta Gabby, quien es beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y tiene una hija ciudadana estadounidense de 1 año de edad.

Gabby, quien también decidió utilizar un nombre ficticio por temor a represalias, dijo que pese a que nunca había solicitado Medi-Cal, una vez que salió embarazada en el 2017, y sin empleo, se vio en la necesidad de hacerlo.

No obstante, ella rechazó servicios gubernamentales adicionales que le ofrecieron después que nació su hija por el mismo temor de ser afectada.

“Yo nunca apliqué a ningún otro beneficio aparte de Medi-Cal y ahora que están diciendo esto es muy feo porque si hay mucha gente que necesita los servicios”, dijo Gabby.

La mujer de 27 años indicó que ha renovado su permiso de DACA desde el 2014 sin falta pero ahora que no esta trabajando le preocupa que vaya a ser considerada una carga pública y perder su elegibilidad a DACA o no calificar para una residencia legal en el futuro.

“Me pongo a pensar que qué voy a hacer porque mi esposo es el único que trabaja y no hay suficiente dinero para agarrar un [seguro médico] privado”, recalcó.

Este es un temor que se comparte a menudo, dijo Berenice Nuñez-Constant, vicepresidenta de asuntos gubernamentales con AltaMed, una de las redes de salud comunitaria más grandes del país.

“Nosotros les hemos dicho [a los pacientes] que pueden seguir utilizando el Medi-Cal hasta el primero de octubre, pero hay mucha preocupación. Algunos no quieren utilizarlo y prefieren pagar en efectivo o no ir a sus citas”, aseveró Nuñez-Constant.

No obstante, ellos recomiendan que para servicios más serios como un embarazo, que pudieran ser excesivamente caros, utilicen el Medi-Cal si lo tienen.

Nuñez-Constant dijo que las clínicas de AltaMed en los condados de Orange y Los Ángeles sirven a unos 300.000 pacientes de los cuales aproximadamente el 85 por ciento son latinos.

"Esta es una de las razones principales por las cuales en AltaMed continuará educando a los pacientes para garantizar que las comunidades tengan acceso a un servicio de saluda asequible y de calidad", dijo Nuñez-Constant. “Nos oponemos a esta regla y estamos trabajando con grupos a nivel nacional para revisarla”.

 Defendiendo la salud y la nutrición

Organizaciones y líderes pro-inmigrantes acusan a la Administración Trump de castigar a las familias y niños “por ser pobres”.

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes Humanos (CHIRLA), denunció que el anuncio de Trump solo perjudicará a las comunidades vulnerables, con medios limitados que tendrán que elegir entre la atención médica y la nutrición o el estado legal de inmigración.

"Este cambio de reglas es cruel, innecesario y subraya el objetivo claro de la agenda blanca, nativista y xenófoba de la Administración Trump: mantener alejados a todos los inmigrantes", dijo Angélica Salas, directora de CHIRLA,.

La directora agregó que la agenda de Trump es para convertir al sistema de inmigración en un club exclusivo basado en el mérito, pero no se debe permitir.

“Obligar a los inmigrantes a elegir entre las necesidades básicas de su familia, como alimentos o vivienda—que ellos ayudan a financiar con sus impuestos—y un camino hacia la legalización cruza otra línea”, enfatizó Salas. “Si se permite que la carga pública de Trump entre en vigor sin desafiarla, nuestras comunidades y nuestra nación se enfermarán, tendrán más hambre y más pobreza”.

Cynthia Buiza, directora ejecutiva del Centro de Política de Inmigrantes de California, dijo en una teleconferencia el lunes que esta regla inhumana con raíces racistas es una estratagema vergonzosa de la Administración Trump para manipular el sistema de inmigración para los ricos.

“Nuestro mensaje a la comunidad de inmigrantes fuerte y diversa de nuestro estado es simple: California los respalda. Una valiente red de defensores y grupos comunitarios está luchando por ustedes”, dijo Buiza. “No permitiremos que esta regulación perjudicial deshaga el poderoso trabajo que hemos realizado en California para proteger a todos los que llaman hogar a nuestro estado”.

Los líderes pro inmigrantes concordaron que la regulación del DHS es uno de varios ataques recientes y planeados contra familias inmigrantes de color, como por ejemplo:

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) de Trump ha redactado un reglamento complementario que ampliaría las deportaciones basadas en el uso de programas públicos por parte de familias inmigrantes posiblemente causando más separaciones de familias.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano propuso regulaciones que niegan la asistencia de vivienda a familias de estatus mixto que incluyen a una persona indocumentada, una medida que, según los informes, podría dejar a 55,000 niños nacidos en Estados Unidos sin hogar.

El Departamento de Comercio también intentó agregar una pregunta de ciudadanía al Censo 2020, lo que provocó un litigio exitoso argumentando que la política privaría de derechos a los votantes de color.

Al igual que estas políticas, se espera que la regulación de la carga pública tenga un impacto desproporcionado en los niños y las familias de color.

Futuro incierto

El abogado Javier Guzmán, director legal de Democracy Forward Foundation, dijo que aun es muy pronto para saber cual es el impacto que tomará este anuncio, pero él espera que desde ya se estén planeando múltiples demandas.

“Las demandas irán acompañadas de mociones de mandatos judiciales preliminares antes o poco después de que la regla tome efecto dentro de 60 días”, dijo el abogado Guzmán.

El abogado estimó que la retórica del presidente viene a poco tiempo de las elecciones del 2020 y el tema de inmigración es una conversación atractiva para sus seguidores.

“Creo que hay un aspecto que esta siendo preparado para quienes tienen un sentimiento anti-inmigrante en preparación de las elecciones que no están muy lejos”, dijo Guzmán.

La regulación de "carga pública" fue propuesta el otoño pasado por el DHS. Se estima que esta regla pudiera amenazar a unas 26 millones de personas en todo el país, directa o indirectamente.

Los activistas acusan la administración Trump que pese a que la norma recibió 266.000 comentarios públicos principalmente oponiéndose, estos fueron ignorados.

“La publicación rápida de esta regla a pesar de más de un cuarto de millón de comentarios presentados durante el período de 60 días, indica que la Administración ha elegido deliberadamente ignorar las perspectivas, experiencias e investigaciones proporcionadas por una amplia muestra representativa de estadounidenses”, dijo Olivia Golden, directora ejecutiva del Centro de Derecho y Política Social.

“Estos comentarios incluyeron a miembros del Congreso, alcaldes, defensores de mujeres y comunidades de color, líderes religiosos, la comunidad médica, educadores, inmigrantes y muchos otros estadounidenses. Estas fueron personas de todos los ámbitos de la vida en nuestro país que enviaron un mensaje de que esta regulación amenaza la fortaleza económica de nuestro país y el futuro de nuestros hijos. ¡La decisión de ignorarlos es vergonzosa e ilegal!”


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