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Intento de reformar CIDH sin respaldo suficiente

Bloque de países del ALBA insiste en que se prolongue el debate para que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no sea financiado por entes externos.
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Sin acuerdo.  Delegaciones de los países miembros de la OEA participan en la discusión de reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ayer en Washington, D. C.

Sin acuerdo. Delegaciones de los países miembros de la OEA participan en la discusión de reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ayer en Washington, D. C.

Intento de  reformar  CIDH sin respaldo suficiente

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Los cancilleres de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) no lograron ayer el consenso para aprobar las reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pretende el bloque formado por Ecuador, Venezuela Nicaragua y Bolivia.

Nadie, obviamente, negó la importancia de luchar a favor de los derechos humanos. El problema del debate fue cómo financiar a las relatorías y a la CIDH que, a través de los años, se ha ganado algunos enemigos en Latinoamérica.

El canciller argentino, Héctor Timerman, habló con franqueza ayer durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Washington.

“Veo que hay más países que se alejan de la comisión, en lugar de acercarse. Lamento eso. No le echo la culpa a nadie”, dijo Timerman. “Es importante fortalecer un organismo como la CIDH. Ahora estamos en democracia; pero si alguna vez hay alguna dictadura, va a ser importante tenerla”.

Tras cinco horas de debate, la OEA aún negociaba cómo adoptar una resolución final de siete puntos, resultado de largos meses de negociación para llevar a cabo la reforma de la CIDH.

La comisión emite medidas cautelares para prevenir daños irreparables a personas en situaciones de gravedad y urgencia.

Activistas y grupos de derechos humanos ven detrás de los esfuerzos de reforma y cambios de financiamiento un intento de debilitar a la CIDH y las relatorías, sobre todo la de la Libertad de Expresión, que depende de fondos externos. La resolución de siete puntos promueve, entre otras cosas, que sean los estados miembros de la OEA los que financien a la CIDH y las relatorías.

Hasta que eso ocurra, se permite que estados observadores y otras instituciones fuera de la OEA continúen financiando los organismos “preferentemente sin fines específicos”.

Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Venezuela alargaron el debate.

Pidieron el viernes proseguir con la reforma de la CIDH, luego que el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, declaró en un agresivo discurso que el sistema está en crisis, dominado por la presión de los medios de comunicación y enfocado a favorecer la Relatoría de la Libertad de Expresión.

El embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, también fue crítico al decir: “Estamos en rebelión contra este corrupto y pusilánime Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Venezuela propusieron continuar hablando sobre la reforma en la Asamblea General Ordinaria de la OEA, que se realizará en Guatemala en junio, o hacerlo más adelante este año.

El Salvador, en palabras del canciller Hugo Martínez, mantuvo su posición de defender el trabajo de la CIDH y de las relatorías encargadas de monitorizar los diversos temas.

“El Salvador reconoce y apoya el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como un mecanismo regional que coadyuva en la sostenibilidad de la paz, la democracia, la justicia social y la tutela efectiva de los derechos humanos”, dijo Martínez, citado en un comunicado emitido por la cancillería.

Insulza interviene

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, subrayó su intención de mantener a “toda costa” la autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Insulza, en su intervención en la Asamblea General, apuntó que los países miembros de la OEA se están acercando a un consenso para lograr que sean los propios Estados los que financien a la CIDH.

“La virtud del sistema, que nuestras democracias deben reforzar, está en una aparente contradicción: el sistema lo crean y lo mantienen los Estados de las Américas para que promueva los derechos humanos y para que los defienda, incluso en contra de abusos eventuales que esos propios Estados comentan”, explicó el secretario general.

“Pero en esta contradicción, solo aparente, está reflejado el compromiso que nuestros gobiernos han asumido con sus pueblos, en el primer artículo de nuestra Carta Democrática: los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, aclaró.

Respecto de la controversia sobre la financiación de las diferentes relatorías que conforman la CIDH, particularmente la Especial sobre la Libertad de Expresión, que se financia al 100 % con contribuciones ajenas al presupuesto de la OEA, Insulza consideró que “el necesario fortalecimiento de unas no puede, sin embargo, significar el debilitamiento de otras”.

En un comunicado difundido en Montevideo, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información afirmó que para lograr el fortalecimiento efectivo de la CIDH es necesario que los Estados “asuman una responsabilidad de largo plazo en el financiamiento de dichos órganos, sin minar sus capacidades de recaudar otros fondos y sin condicionamientos previos”.

Al cierre de la edición, la Asamblea no había concluido.

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