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Isla en bancarrota busca identidad en plebiscito

La consulta se realiza en medio de una profunda crisis financiera y con la isla en quiebra.
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En pobreza. Un 46 % de la población de poco más de 3 millones de habitantes vive bajo el nivel de pobreza.

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Los puertorriqueños acudirán hoy a un plebiscito para determinar si la isla se convierte en el estado 51 de Estados Unidos o si se despoja de los lazos que durante más de un siglo han unido el territorio caribeño con el gigante del norte.

La consulta, que se realiza en medio de una profunda crisis financiera y con la isla en quiebra, también preguntará a los puertorriqueños si desean continuar con el estatus actual de Estado Libre Asociado.

El plebiscito, que no es vinculante, es el quinto que se celebra en busca de un destino para la llamada “isla del encanto” y todas las encuestas aseguran que la “estadidad” contará con el respaldo de la mayoría de los 2.3 millones de votantes habilitados.

Según el gobernador Ricardo Roselló, que convocó al plebiscito tras ser electo por el Partido Popular Democrático (PPD) a finales del año pasado, al ser Puerto Rico un estado de EUA, sus habitantes dejarán de ser ciudadanos de segunda categoría, podrán participar en sus elecciones y serán favorecidos con los programas federales.

Pero para quienes se oponen, la consulta es un ejercicio fútil que correrá la misma suerte de otras cuatro anteriores en que ganó la “estadidad” pero chocó con la indiferencia del Congreso de EUA, que debe dar su aprobación final.

“Este plebiscito es una pérdida de tiempo. No tiene ninguna consecuencia y no tiene validez porque no se la ha dado el Departamento de Justicia de EUA”, dijo Héctor Ferrer, presidente del Partido Popular Democrático (PPD).

“El gobernador dirá que son mayoría, pero nosotros diremos que hubo trampa, que este ha sido un proceso amañado”, agregó Ferrer.

El político de oposición aludió también a la ley Plan Tennessee, aprobada a pocos días del plebiscito, que establece el envío de una misión a Washington para presentar el resultado y gestionar su aprobación en el Congreso.

“Nosotros también iremos a Washington, pero será para denunciar esta consulta que no es otra cosa que un proyecto político que no significa empleo, producción, desarrollo ni avance económico”, dijo.

Ferrer indicó que el plebiscito ha costado $7 millones y se gastarán más millones en enviar a funcionarios en momentos en que el país sufre una profunda crisis. El líder del principal partido de la oposición se refería así a una bancarrota declarada por el Gobierno de la isla, que no puede pagar una deuda que asciende a más de $70,000 millones.

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