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Juez aplaza resolución contra Pérez Molina y Baldetti

El caso de financiamiento ilegal del Partido Patriota de Guatemala tiene procesados judicialmente a los dos exmandatarios, exministros y empresarios.
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Audiencia.  Los 57 acusados en el caso conocido como Cooptación del Estado conocerán este día si continúan ligados al proceso judicial.

Audiencia. Los 57 acusados en el caso conocido como Cooptación del Estado conocerán este día si continúan ligados al proceso judicial.

Acusados.  Otto Pérez Molina (al frente) y Roxana Baldetti son considerados los cabecillas de la estructura delictiva.

Acusados. Otto Pérez Molina (al frente) y Roxana Baldetti son considerados los cabecillas de la estructura delictiva.

Juez aplaza resolución contra Pérez Molina y Baldetti

Juez aplaza resolución contra Pérez Molina y Baldetti

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El juez Miguel Ángel Gálvez aplazó para este miércoles la lectura de su resolución sobre el caso de saqueo del Estado, por el que fueron acusadas 57 personas, debido a la falta de luz en la Sala de Vista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Yo ya tengo lista la resolución, pero para qué vamos a correr”, dijo el juez en referencia a que en el sitio solo permanece encendida una luz.

Además, indicó que en este hecho también aparecen delitos que ya fueron tipificados en el caso de defraudación aduanera conocida como La Línea, desarticulada en abril de 2015, por lo que no hará “una doble tipificación”.

“Leer solo la parte resolutiva no es prudente”, justificó Gálvez sobre su decisión, que involucra el futuro legal del expresidente Otto Pérez Molina, uno de los acusados.

El presidente del Juzgado B de Mayor Riesgo convocó a los supuestos integrantes de la red criminal este día a las 9:00 hora local, para escuchar el fallo.

Durante la audiencia celebrada este martes, Gálvez dijo que analizó todos los elementos de los delitos que se les imputan a las 57 personas, para actuar con “transparencia”, y advirtió de que si alguien no está de acuerdo con el veredicto que dicte tiene el derecho de apelar ante otras instancias jurídicas.

Sostuvo que su resolución no se emitirá con base en el “clamor popular” en Guatemala o por “presiones de organismos internacionales”, sino con base en los indicios presentados por el Ministerio Público (MP).

El denominado caso Cooptación del Estado es uno sin precedentes en la historia del país centroamericano, no solo por el número, sino por quienes son acusados de saquear las arcas públicas.

Los cabecillas de las estructura, de acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), son el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Ministros y funcionarios de ese gobierno (2012-2015), banqueros, empresarios, financistas y abogados están en la lista de la red que este día esperan conocer su futuro legal.

Uno de los colaboradores de la Fiscalía en ese proceso es el ex secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, pero el juez no consideró necesario utilizar su testimonio, aunque sí algunos documentos en los que aparecen las tablas de cómo se recaudaba y repartía el dinero por los contratos que otorgaban a los empresarios. Gálvez comentó que Monzón, quien está en prisión, “no es un santo” sino es “un pícaro” y forma parte de la estructura que investiga el MP.

Los delitos que se le imputan a los integrantes de la estructura van desde asociación ilícita hasta lavado de dinero, cohecho pasivo y activo, enriquecimiento ilícito y financiación electoral ilícita.

Análisis

Durante los tres días de análisis que lleva, el juez Gálvez ha manifestado que existen “evidentes” indicios de asociación ilícita, lavado de dinero y financiación electoral ilícita.

Gálvez escuchó entre el pasado 13 de julio y 18 de julio último la acusación de la FECI y de la CICIG, que actúa como querellante, así como las declaraciones de algunos imputados y la de los abogados de las 57 personas.

Este es el mayor caso de corrupción que conoce el juez desde abril de 2015, cuando se desarticuló la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea, en la que también se acusó a Pérez Molina y a Baldetti.

La exvicepresidenta también es acusada en el caso de descontaminación del lago Amatitlán.

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