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La lucha por la educación en México: reforma, violencia y muerte

El conflicto tuvo en los últimos años varios episodios de gran tensión, pero no se había llegado a muertes. Lo ocurrido en Nochixtlán forzó al Gobierno a restablecer el diálogo con los maestros, al que se había negado durante un año.
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El humo de los buses que se incendiaban en la autopista se mezclaba con el de gases lacrimógenos de la Policía el domingo durante un violento enfrentamiento con maestros en el sur de México para desalojar carreteras bloqueadas.

Explosiones, saqueos y disparos sacudieron la comunidad de Nochixtlán, en el estado de Oaxaca, que el fin de semana vivió un ambiente de tensión similar a 2006, cuando docentes disidentes protestaron por casi cinco meses para exigir mejoras salariales.

Esta vez el conflicto, generado por la oposición a una reforma estructural en la educación, se cobró la vida de al menos ocho personas y dejó más de un centenar de heridos entre policías, maestros y otros civiles.

Los maestros están en las calles. En la ciudad de Oaxaca, la capital del estado, también hay plantones y Basilio Jiménez, un profesor de 53 años llegado desde la comunidad indígena de Santa María Tlahuitoltepec, es uno de ellos.

"Esta reforma es laboral", se queja mientras coloca unas lonas para protegerse de la lluvia en el plantón de la plaza del Zócalo, en el centro de la ciudad. "¿Qué está haciendo en realidad el Gobierno para mejorar la educación? Hay comunidades que no tienen infraestructura".

Las medidas, aprobadas en 2013 por la gestión del actual presidente, Enrique Peña Nieto, establecieron la obligatoriedad de exámenes para que los maestros puedan ingresar en el sistema educativo, permanecer al frente de un aula o ascender, además de que limitaron el poder de los sindicatos en la distribución de puestos.

El Gobierno afirma que la reforma tiene por finalidad mejorar la calidad de la educación para los niños de México, mediante la promoción y adjudicación de puestos en base a las capacidades y los méritos de los maestros.

Sin embargo, el ala más radical del sindicato de maestros se opone a ella. Los docentes disidentes dicen no estar en contra de ser evaluados, sino de que, por medio de exámenes, se busque castigar a los maestros y quitarles el empleo.

"Estoy de acuerdo en que uno tiene que evaluar su desempeño e irse preparando más, pero el Gobierno sólo quiere despedir y seguir recortando presupuesto", dijo a dpa Karina Mejía, una profesora de secundaria de la comunidad de Macahuite.

Un sector del sindicato magisterial sostiene que la reforma no tiene nada de educativa. Se trata de la rama más combativa del grupo gremial, con una fuerte presencia en el sur del país.
Ha protagonizado numerosas protestas con bloqueos de carreteras, saqueos, retención de policías y toma de instalaciones. Actualmente, dos de sus máximos líderes se encuentran detenidos por cargos de lavado de dinero y robo.

En Oaxaca el año pasado, y como parte de las medidas, se reestructuró el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), que por un acuerdo con el Gobierno desde 1992 estaba bajo el control de la Sección 22 del sindicato.

"La reforma es totalmente laboral y administrativa, nada de pedagógico, no plantea nuevas metodologías de trabajo en el aula", señaló Celso Cruz, un profesor jubilado que apoya el movimiento gremial.

El domingo los maestros se enfrentaron a la Policía con palos y piedras e intentaron utilizar camiones y buses como barricadas. Además, acusaron a las fuerzas de seguridad de emplear armas de fuego en el operativo.

Siete de los muertos recibieron impactos de bala, pero no se sabe quién les disparó. El jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, adjudicó los disparos a "grupos radicales" ajenos a la causa magisterial que buscaban propiciar el enfrentamiento.

El conflicto tuvo en los últimos años varios episodios de gran tensión, pero no se había llegado a muertes. Lo ocurrido en Nochixtlán forzó al Gobierno a restablecer el diálogo con los maestros, al que se había negado durante un año.

Sin embargo, el ministro de Educación, Aurelio Nuño, advirtió que no habrá marcha atrás con la reforma, una de las más importantes de la gestión de Peña Nieto, que fue incorporada a la Constitución mexicana y cuenta con el respaldo de otros sectores de la población e incluso del magisterio.

"Existe una plena apertura al diálogo con todo el magisterio", dijo Nuño, pero "acatar la ley no es una opción, es una obligación de todos los mexicanos". "La reforma educativa es un proceso que continúa y que no se va a detener".

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