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La oposición en Venezuela denuncia golpe de Estado

En un fallo sin precedentes, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, se apropió de todos los poderes de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es de mayoría opositora.
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La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir las competencias del Congreso desencadenó ayer una avalancha de críticas de la oposición venezolana y de varios países de la región contra el gobierno de Nicolás Maduro, por considerar que el fallo constituye un zarpazo a la constitución y el Estado de Derecho en el país suramericano y equivale a un golpe de Estado.

La sorpresiva sentencia de la corte, señalada de estar controlada por el Gobierno, agudizó el conflicto entre los poderes públicos y amenaza con profundizar la crisis. En el fallo –que fue difundido el miércoles en la noche– el tribunal resolvió que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga”.

Como un “golpe de Estado” lo tachó el presidente de la Asamblea, de mayoría opositora, Julio Borges.

En enero de 2016, y tras una aplastante victoria, la oposición asumió el control del Congreso por primera vez en 17 años.

Desde entonces, el Tribunal Supremo ha emitido casi medio centenar de sentencias contra las leyes y los acuerdos aprobados por el Legislativo y lo ha declarado en desacato.

Borges denunció que “en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”. A su vez, el diputado opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, explicó: “Ya no se trata de anular todas las actuaciones de la Asamblea Nacional, sino de usurpar todas sus competencias permitiendo que puedan aprobar nuevas leyes que le den más poder al dictador (Maduro) para seguir destruyendo a nuestra Venezuela”.

“Los 30 millones de venezolanos debemos salir a las calles para enfrentar la dictadura que hay en Venezuela”, dijo Daniela Tani, de 41 años, coordinadora de la organización opositora Vente Venezuela. “A partir de hoy llamamos al artículo 350 (de la Constitución) y nos declaramos en desobediencia civil”, agregó Tani, que estaba junto a otros manifestantes en medio de la vía bloqueando el paso, custodiados por decenas de policías.

Soldados impidieron la protesta de diputados frente al Tribunal Supremo de Justicia.

El fallo se dio a conocer un día después de que la OEA se reunió en Washington para debatir sobre la situación política.

“Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, sentenció en un comunicado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien catalogó como un “autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea”.

Almagro también recordó el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana, que “debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio”.

No hubo consenso sobre una propuesta de Almagro para suspender a Venezuela, pero la sesión terminó con el compromiso de 20 naciones de monitorear la situación y tomar medidas para asegurar que el Gobierno entable un diálogo.

Borges pidió ayuda a la comunidad internacional y, directamente, a los países de la OEA para hacer frente al secuestro de poderes del Parlamento, que técnicamente es controlado por la oposición, pero que el régimen no ha dejado funcionar a su plenitud.

En una rueda de prensa rompió unas páginas que contenían la sentencia del TSJ y dijo que el gobierno chavista está al borde del colapso y ahora se vale por “la fuerza bruta”.

El tribunal declaró en desacato a la Asamblea por negarse a cumplir una sentencia que había bloqueado la juramentación de tres diputados opositores del estado de Amazonas por la supuesta compra de votos. Aunque posteriormente el Legislativo revirtió dicha juramentación, el máximo tribunal mantuvo la medida invocando una serie de tecnicismos y dejó en un limbo legal la situación de los legisladores electos.

El Tribunal Supremo de Justicia también abrió el camino para poner límites a la inmunidad de los legisladores tras declarar nulo el respaldo de la Asamblea Nacional a la activación del proceso para aplicar a Venezuela la Carta Democrática.

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