La ruptura que ha llevado a Ecuador hasta una crisis

El fiscal general confirmó que el vicepresidente Glas –que fue mancuerna de Rafael Correa– es uno de los indagados por un “potencial delito de peculado”, aunque falta reunir pruebas.
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Lenín Moreno fue enfático. “Yo no me pronunciaré, yo tomaré decisiones”, declaró el presidente de Ecuador cuando los periodistas le consultaron sobre las revelaciones según las cuales su vicepresidente, Jorge Glas, recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Pasadas las horas, Moreno tomó su decisión.

Con un decreto ejecutivo, el mandatario, en el poder apenas desde hace dos meses y medio, adoptó el jueves 3 de agosto una medida inédita en la historia política del país andino: dejar sin funciones a su vicepresidente, con carácter indefinido y llevando al máximo la ruptura que se veía venir entre los dos gobernantes.

La medida no lo destituye, pero deja al funcionario con tareas administrativas mínimas en su despacho. De esta manera, ya no dirigirá la transformación del sistema productivo ni liderará los importantes consejos productivos y de reconstrucción de la costa, según el decreto.

El día anterior, Glas había emitido un fuerte comunicado en el que acusaba a Moreno de girar hacia la derecha y pactar con los viejos partidos ecuatorianos. Además acusó a Moreno de crear “un escenario propicio para la corrupción institucionalizada” y de entregar sectores clave, como el de la electricidad, a la derecha.

Lo que no fue de agrado de Glas es la política de diálogo con todos los sectores instaurada por el nuevo presidente, por la que Moreno abrió las puertas del Palacio de Gobierno a diversos líderes políticos, directores de medios, industriales y comerciantes, indígenas y diversos gremios.

El vicepresidente calificó esos contactos como traición a la línea del anterior gobierno y se preguntó: “¿Acaso (Lenín Moreno) está preparando el terreno para perseguir a sus antiguos compañeros, para saciar la sed de venganza de sus nuevos amigos (la derecha)?”

A esas críticas, que abrieron una brecha en el binomio gubernamental, se sumó una delación del exdirector de Odebrecht en Ecuador José Conceição, quien dijo que Glas pedía dinero por cada contrato con la empresa brasileña cuando fungía como vicepresidente durante la administración anterior, encabezada por el presidente Rafael Correa.

Las grabaciones divulgadas sobre los sobornos dados por Odebrecht a funcionarios de Ecuador por $33.5 millones comprometen tanto al propio vicepresidente como a su tío Ricardo Rivera, quien ya está arrestado por el caso, así como también al excontralor Carlos Pólit.

A tal punto llegó la tensión entre el presidente y el vicepresidente, que los otrora correligionarios del oficialismo se plantean también dejar el partido que llevó al poder tanto a Correa como a Moreno y formar una nueva agrupación.

La dirigente y asambleísta Gabriela Rivadeneira (de Alianza País, AP) pidió a los militantes no dejar jamás que su partido “se convierta en un instrumento de legitimación de una agenda de carácter restaurador del pasado”.

Desde Bélgica, donde reside, el expresidente Correa arrojó leña a este fuego político. “Si AP calla ante esto, es mejor que desaparezca, o, los que no toleramos el cinismo, separarnos y hacer un nuevo movimiento”, proclamó.

Correa incluso acudió a la red social Twitter para desahogarse. “Tenemos a Bucaram de regreso”, publicó indignado. En esta ocasión se refiere al expresidente Abdalá Bucaram, que dirigió Ecuador desde agosto de 1996 hasta febrero de 1997. Bucaram fue destituido por el congreso de ese país, que declaró que él tenía “incapacidad mental para gobernar”. Se consideró un golpe de Estado.

En medio del caos político entre Moreno y Glas, la Fiscalía abrió una indagación en la que están implicados el vicepresidente y otros exfuncionarios tras haber recibido un informe de Contraloría General con indicios de responsabilidad penal por la contratación del Consorcio DGC para la explotación petrolera en el campo petrolífero Singue.

El fiscal general, Carlos Baca, ratificó que Glas es uno de los indagados por un “potencial delito de peculado”, aunque tras las investigaciones puede ratificarse la presunta responsabilidad, o por el contrario, desecharse las acusaciones.

La Contraloría calcula de manera preliminar un perjuicio al Estado por $5.2 millones como consecuencia de un sobrepago a los contratistas que explotan el pozo Singue.

Glas tiene presunta responsabilidad como ministro de Sectores Estratégicos de esa época. Fue parte del Comité de Licitación que aprobó el informe de un equipo negociador y recomendó la contratación de las empresas ahora involucradas.

Además está bajo indagación el exministro de Recursos no Renovables Wilson Pástor, una hija de este que actuaba como alta ejecutiva de una de las contratistas y otros grupo de exfuncionarios de menor jerarquía.
 

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