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Ley contra el Odio amenaza a los medios

El brazo del oficialismo aprobó una ley que callaría también a los opositores.
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Efe/LA PRENSA  Por el orden.   La Asamblea Constituyente  aprobó una ley que contempla penas de hasta 20 años de cárcel.

Efe/LA PRENSA Por el orden. La Asamblea Constituyente aprobó una ley que contempla penas de hasta 20 años de cárcel.

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La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó ayer la Ley contra el Odio, que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a los medios y la ilegalización a los partidos que promuevan lo que el Gobierno llama “fascismo”.

La polémica ley fue expresamente solicitada por el presidente Nicolás Maduro a la Constituyente oficialista para acabar con los supuestos mensajes de “odio” que, según el oficialismo, dispararon la ola de protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto y dejaron saldo de 120 muertos.

“Quien públicamente (...) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (...) será sancionado con prisión de 10 a 20 años”, establece el artículo 20 de la normativa.

El texto –refrendado una vez más por unanimidad en la Constituyente oficialista– prevé también la posibilidad de castigar con penas de ocho a 10 años de prisión a los policías y militares que no persigan estos delitos de odio, la misma medida que se aplicará al personal sanitario que discrimine a la hora de prestar atención.

La ley permitirá prohibir e inhabilitar para las elecciones a los partidos políticos que “promuevan el fascismo” y los demás “delitos de odio” ya mencionados.

Maduro, la presidenta de la Constituyente (Delcy Rodríguez) y el resto de los grupos tradicionalmente aliados al oficialismo tachan a menudo de “fascistas” a los partidos de la oposición, a los que se refieren habitualmente como “derecha apátrida”.

Con las disposiciones aprobadas, la Constituyente –un suprapoder instaurado por el oficialismo que no reconoce ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional– obliga a los medios de comunicación públicos y privados a difundir contenidos avalados por el Estado que estimulen “la diversidad” y “la tolerancia”.

Los dueños de los medios que no se avengan a poner su programación o sus páginas a estos mensajes se exponen a sanciones de hasta el 4 % de sus ingresos fiscales brutos en el ejercicio anterior al período en que ocurran los hechos. La ley tampoco deja sin regular las redes sociales, y las personas jurídicas responsables de estas plataformas y de los medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas mensajes “de odio” deberán responder con el pago de multas.

 

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