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Lula da Silva condenado a nueve años de prisión por corrupción

Además de darle su primera condena a prisión, la Justicia determinó ayer que el expresidente al que siguen queriendo los brasileños sea inhabilitado por 19 años para ejercer cargos públicos, según la sentencia del juez del caso “Lava Jato”, Sergio Moro.
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Apoyo.  A pesar de todos los casos que tiene abiertos, el expresidente sigue gozando de un alto nivel de aprobación.

Apoyo. A pesar de todos los casos que tiene abiertos, el expresidente sigue gozando de un alto nivel de aprobación.

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El expresidente de Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva fue sentenciado ayer a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Así, Da Silva es la persona más renombrada que enfrenta condena como parte de una investigación que ha enviado a prisión a decenas de personas pertenecientes a la élite del país: el caso “Lava Jato”.

La decisión del juez federal Sergio Moro estaba prevista, incluso para el equipo de defensa de Lula da Silva; sin embargo, no deja de ser sorprendente.

El carismático mandatario dejó su cargo el 31 de diciembre de 2010 con una alta popularidad, y se le da crédito por sacar a millones de brasileños de la pobreza y por convertir al país más grande de América Latina en un importante actor en el escenario mundial.

El primer mandatario brasileño de clase trabajadora permanecerá en libertad en lo que se escucha su apelación, pero ahora también es el primer expresidente de su país en ser condenado en un proceso penal, al menos desde que se restauró la democracia en la década de 1980.

También quedó inhabilitado de ejercer cualquier cargo público por 19 años, y eso podría destruir sus intenciones de participar en otras elecciones.

En muchos lugares de Brasil, Lula sigue siendo venerado por sus políticas económicas y por su papel en la lucha por la democracia durante la dictadura que vivió el país. Con 71 años, es uno de los favoritos para las elecciones presidenciales del próximo año.

El caso es parte de la investigación, denominada “Lava Jato” (Autolavado), sobre corrupción en la petrolera estatal Petrobras, la cual ha enviado a prisión a políticos y altos ejecutivos de Brasil.

La pesquisa también ha derivado en cargos contra el actual mandatario, Michel Temer, quien está acusado de aceptar sobornos de parte de un ejecutivo de una compañía empacadora de carne a cambio de obtener decisiones favorables de parte del gobierno. Temer niega haber cometido delito alguno, y la Cámara Baja del Congreso decidirá si es enjuiciado.

Las acusaciones del expresidente

Lula está acusado de recibir un apartamento frente a la playa y de aceptar remodelaciones al inmueble como sobornos de la compañía de construcción OAS.

Los fiscales también alegaron que la empresa pagó para almacenar las pertenencias de Lula, pero el juez Moro desestimó esa parte del caso.

Lula también enfrenta cargos en otros cuatro casos. El exlíder sindical ha dicho que todas las acusaciones son completamente infundadas y su desafiante testimonio en el caso que se decidió el miércoles fue visto como un enfrentamiento directo entre él y Moro. Ambos son percibidos como héroes nacionales por algunos sectores de la sociedad brasileña.

“La condena no brinda ninguna satisfacción personal a este juez. Al contrario, es lamentable que un expresidente sea sentenciado”, escribió Moro en su decisión. “No importa quién seas, la ley está por encima de ti”, agregó.

Moro dijo que no ordenó el arresto inmediato de Lula porque una condena a un expresidente es un asunto serio y consideró que se debía de escuchar primero una apelación.

“Esto empeora mucho más la situación de Lula, ya que es algo mucho más que una simple investigación”, comentó Claudio Couto, profesor de ciencias políticas en Fundacao Getulio Vargas, una universidad con sede en Sao Paulo. “Pero ahora podrá hacer algo que le gusta: Hasta que se decida la apelación, arengará a sus aliados y seguidores contra una decisión controversial”.

El caso ahora pasará a las manos de un grupo de magistrados. Si ellos ratifican la condena de Moro, la ley brasileña establece que Lula no puede buscar el cargo de presidente.

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