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México daría hasta 24 años de prisión a quienes acusa de organizadores de las caravanas migrantes

Piden que la Fiscalía mexicana respete el debido proceso a los activistas arrestados. 

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Caravana migrante de Honduras llega a Guatemala. / EFE

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El gobierno mexicano quiere dar 24 años de prisión a dos de los activistas más radicales en la defensa de derechos humanos de migrantes, fundadores de la organización binacional Pueblo Sin Fronteras (PSF) y supuestos ideólogos de las caravanas de centroamericanos para pedir refugio en Estados Unidos.

A Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez los acusan de tráfico de personas con el agravante de tráfico de niños.

Así lo detalló en entrevista para este diario, Alex Mensig, integrante de PSF, quien se encuentra en el juicio que este miércoles determina si a los activistas  se les vincula a proceso, es decir, si el juez encuentra suficientes pruebas para que sean procesados hasta la sentencia.

“La Fiscalía General de la República llevó ante el juez a hondureños que dicen que Irineo y Cristobal les cobraron dinero para llevarlos a EU”, precisó Mensing en un intermedio de la audiencia, que se llevó a cabo en  el Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula y es pública.

"Observamos que los fiscales quieren intimidar a los testigos. Les preguntan lo mismo muchas veces y dicen que es para autentificar el testimonio: nosotros queremos que se respete el debido proceso porque esto es un asunto político por los aranceles que quiere poner Trump. Irineo y Cristobal son los primero presos políticos de López Obrador”.

Mujica y Sánchez fueron detenidos el 5 de junio pasado. El primero en Sonoyta, Sonora; a Cristóbal Sánchez, en Ciudad de México.

Defensores de Derechos Humanos de distintas organizaciones con las que PSF ha trabajado en conjunto manifestaron su preocupación por la “política de criminalización” del gobierno mexicano. Marta Sánchez, fundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, dijo que si bien no le corresponde a ella determinar si son inocentes o no, lo cierto es que los activistas e PSF padecían por falta de recursos.

“No tenían ni un peso partido por la mitad y muchas veces nos pedían apoyo para salir adelante”, detalló Sánchez, quien año por año organiza la Caravana de Madres Centroamericanas con hijos desaparecidos en México.

“Me declaro culpable, soy defensora de los derechos de los migrantes en tránsito por México, a todos los que acompañamos a los migrantes y les brindamos auxilio humanitario nos pueden acusar de trafico de personas? Así que pueden venir por mi. O todos o ninguno”.

Antes de su arresto, Mújica había sido acusado por el sacerdote Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino y Premio Nacional de Derechos Humanos, de cobrar cuotas. “Siento una pena que un defensor del migrante haya caído en las manos del capitalismo”, dijo en abril.

Mújica lamentó las declaraciones del cura en entrevista con este diario (habían sido buenos amigos) y señaló que Solalinde estaba molesto con PSF desde que ésta se negó a acceder a sus peticiones de frenar las caravanas ,para no perjudicar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“A mi lo único que me motiva es que yo le prometí a mi padre en el lecho de muerte ,a causa de agresiones antiinmigrantes en Arizona ,que defendería toda mi vida a los migrantes”.


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