NY se prepara para frenar deportaciones

Policías, concejales, abogados e inmigrantes analizaron en el Concejo Municipal las propuestas legislativas que limitarían la colaboración entre la policía de Nueva York y el Departamento de Prisiones con las autoridades federales migratorias.
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Autoridades y activistas se reunieron el viernes para preparar dos proyectos de ley que contrarresten en Nueva York significativamente las deportaciones de inmigrantes exacerbadas por la entrada en vigencia de un programa migratorio del gobierno federal.

Policías, concejales, abogados e inmigrantes analizaron en el Concejo Municipal las propuestas legislativas que limitarían la colaboración entre la policía de Nueva York y el Departamento de Prisiones con las autoridades federales migratorias.

"Esta legislación es un paso importante para mantener a las familias unidas, para asegurar que se mantienen (protegen) los derechos de los inmigrantes", testificó César Palomeque, un inmigrante ecuatoriano cuya prima, Aida Palomeque, fue deportada hace dos años. Todo se debe a la llegada del programa Comunidades Seguras a la ciudad el 15 de mayo del 2012, a través del cual las huellas dactilares de cualquiera que ingresa en una cárcel local o del condado son enviadas al Departamento de Seguridad Interna del gobierno federal, que las compara con datos en archivos migratorios.

Si el gobierno cree que un detenido se encuentra ilegalmente en el país o no es ciudadano estadounidense, los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas ordenan una detención migratoria, llamada "detainer" en inglés. La orden pide que las autoridades locales retengan al sospechoso durante un tiempo adicional para evaluar si puede ser deportado y quedar bajo custodia federal.

Los proyectos de ley discutidos el viernes permitirían a la policía y al Departamento de Prisiones no cumplir con los "detainers" en ciertos casos y dejar al inmigrante en libertad. Entre el 2005 y el 2010, más de 7.000 niños fueron separados de sus padres debido a las deportaciones en la ciudad de Nueva York, declaró Nisha Agarwal, del Centro por la Democracia Popular, una organización con sede en Brooklyn que promueve la igualdad de oportunidades entre grupos, incluidos los inmigrantes.

Según los últimos datos de los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas, el programa Comunidades Seguras ha impulsado la deportación de 2.068 inmigrantes en el estado de Nueva York desde que fue implementado por primera vez en uno de sus condados en enero de 2011.

En la ciudad, el programa ha ayudado a deportar a más de 448 inmigrantes desde mayo. Las cifras totales de expulsión son más altas porque el gobierno mantiene otros programas en el estado para facilitar la identificación y deportación de inmigrantes, como el llamado "Criminal Alien Program", conocido como CAP, que se enfoca en extranjeros retenidos en la cárcel de Rikers Island, en Nueva York.

Uno de los proyectos de ley discutidos el viernes, el Int. 982, permitiría a la policía ignorar las órdenes de detención migratoria a menos que el arrestado haya sido acusado de un delito serio, esté acusado en un caso criminal pendiente, tenga una orden de arresto pendiente contra él, haya sido identificado como miembro de una pandilla, su nombra coincida con alguno de la base de datos de terroristas o tenga una orden de deportación pendiente.

El segundo proyecto de ley, el Int. 989, expande legislación ya aprobada el año pasado en la ciudad y que limita la colaboración de las autoridades federales migratorias y el Departamento de Prisiones. "Desde que Comunidades Seguras llegó a Nueva York vemos llegar órdenes de detención migratoria más rápido y más a menudo", dijo Daniel Dromm, concejal de la ciudad y presidente del Comité de Inmigración del Concejo.

"El objetivo de estos proyectos de ley es proteger a los neoyorquinos que no representan ninguna amenaza para la sociedad y evitar que dejen de colaborar con la policía por miedo".

Activistas de grupos como Se Hace Camino Nueva York, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, el sindicato SEIU o abogados de la organización The Bronx Defenders, entre otros, aseguraron que retener en las cárceles durante tiempo adicional a inmigrantes por orden del gobierno resulta además caro para la ciudad.

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