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Nueva versión de Nica Act amenaza a régimen de Ortega

Iniciativa de ley bipartidista busca oponerse a préstamos internacionales para Nicaragua, debido al deterioro de la democracia e irrespeto a los derechos humanos bajo el mandato de Daniel Ortega.
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Los congresistas estadounidenses Ileana Ros-Lehtinen (republicana de Florida) y Albio Sires (demócrata de Nueva Jersey) introdujeron en la Cámara de Representantes una nueva versión de una legislación que busca endurecer préstamos internacionales a Nicaragua, debido al deterioro de la democracia bajo el mandato del presidente Daniel Ortega.

Una primera versión del Acta de Condicionalidad de Inversiones para Nicaragua (Nica Act) fue aprobada en septiembre de 2016, en la Cámara Baja del Congreso. Sin embargo, su proceso de formación de ley se vio truncado debido a que no fue votada en el Senado o Cámara Alta de la legislatura estadounidense.

La versión original buscaba la oposición de Estados Unidos a préstamos destinados a Nicaragua en los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.

Entre los principales argumentos se encuentran que Ortega manipuló el proceso constitucional en Nicaragua para permitir la reelección indefinida y que el mandatario junto a su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, han “minado sistemáticamente” las frágiles instituciones gubernamentales.

El pasado 5 de abril, Ros-Lehtinen y Sires introdujeron un nuevo proyecto de ley, que ha despertado la preocupación entre el sector productivo nicaragüense.

La ley promovida en Washington para que las instituciones financieras frenen los préstamos a Nicaragua hasta que este país celebre unas elecciones “libres, justas y transparentes”, cuenta con el apoyo de 25 congresistas, 15 republicanos y 10 demócratas.

La iniciativa tiene como fin hacer que la administración estadounidense se oponga a la concesión de préstamos al gobierno de Ortega, de $250 millones a $300 millones de anuales, “excepto por razones humanitarias, o para promover la democracia en Nicaragua”.

“Debemos continuar evaluando a los gobiernos de Centroamérica con estándares similares en derechos humanos, combate a la corrupción y transparencia, al tiempo que examinamos donde invertimos los dólares de los contribuyentes estadounidenses, y el régimen de Ortega en Nicaragua no es la excepción”, dijo la congresista cubanoamericana, luego de reintroducir la legislación.

A su juicio, la nueva versión va un paso más allá. “Estas preocupaciones son bipartidistas, ya que muchos de nosotros hemos sido testigos por más de una década de que la concentración del poder por parte de Ortega han conducido a Nicaragua a una espiral de retroceso. El tiempo de actuar es ahora, por la gente de Nicaragua y su futuro democrático, antes de que sea demasiado tarde”, agregó.

Su colega demócrata Sires agregó: “Daniel Ortega y su familia continúan amasando una gran cantidad de riqueza, mientras Nicaragua permanece como el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental. Él ha pasado los últimos años reprimiendo a la oposición política y ha creado una monarquía de facto, al hacer que su esposa sea la vicepresidenta”.

Antecedentes

En 2006, Nicaragua bajo el mandato del entonces presidente Enrique Bolaños recibió una asignación de $175 millones, gracias a la Corporación Reto del Milenio (MCC, en inglés).

Sin embargo, luego de las elecciones municipales y legislativas de noviembre de 2008 se consideró que Nicaragua comenzó a experimentar un declive en los derechos políticos y libertades civiles.

En 2009, la MCC decidió recortar los fondos del compacto a Nicaragua a $61.5 millones. El programa fue finalizado en 2011.

En la más reciente reunión en La Habana, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), se aprobó una declaración de solidaridad con Nicaragua ante la ley Nica Act, que “pretende socavar la soberanía” del país centroamericano.

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