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ONU “profundamente” preocupada por situación de fiscal

Naciones Unidas pidió que se deje trabajar a Ortega Díaz sin ser víctima de “intimidaciones, acoso o interferencias inadecuadas” por parte del Gobierno.
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La ONU calificó ayer de “profundamente preocupante” el proceso de enjuiciamiento de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, la prohibición impuesta a la misma de salir del país y la congelación de sus activos, al igual que la anulación de la designación del vicefiscal Rafael González.

“La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela del 28 de junio de comenzar los procedimientos para la remoción de la fiscal general, congelar sus activos y prohibirla salir del país es profundamente preocupante, al igual que lo es la continuada violencia” en la nación suramericana, dijo el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Rupert Colville.

“También nos inquieta la decisión del 27 de junio por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de declarar nulo el nombramiento de ella, del vicefiscal general y de designar en su lugar a un numero dos temporal, en violación de los procedimientos bajo la legislación venezolana”, afirmó.

“Desde marzo, la fiscal general ha tomado pasos importantes para defender los derechos humanos, documentar las muertes durante la ola de protestas, insistir en la necesidad del debido proceso y la importancia de la separación de poderes, y ha apelado a la liberación inmediata de las personas que han sido arbitrariamente detenidas”, recalcó Colville.

Igualmente denunció la ONU la decisión de la Sala de asignar algunas de las funciones exclusivas de la fiscal general hasta ahora al llamado defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab.

La ONU señaló que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia “parecen vaciar” la oficina de Ortega del mandato y de las responsabilidades que debe ejercer conforme a la Constitución venezolana, que fue aprobada bajo el mandato de Hugo Chávez, y “socavar la independencia” de la fiscal.

“El cese de funcionarios judiciales debería estar sujeto a criterios estrictos que no socavan la independencia y la actividad imparcial de sus funciones”, subrayó el portavoz.

Colville recalcó que, acorde a las directrices de la ONU , los países deben garantizar que los fiscales puedan ejercer su labor “sin intimidación, obstaculización, o acoso”.
 

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