Obama acude a recurso urgente para aplicar medidas migratorias

El Gobierno de EUA interpuso un recurso de urgencia para solicitar la suspensión del fallo que impide aplicar las medidas para la regularización temporal de inmigrantes indocumentados.
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El Gobierno de Estados Unidos  interpuso hoy un recurso de urgencia para solicitar la suspensión del fallo de un juez de Texas que impide aplicar las medidas del presidente Barack Obama para la regularización temporal de unos cinco millones de inmigrantes indocumentados.
 
El Departamento de Justicia presentó el recurso ante una corte federal de Brownsville (Texas), tal como se esperaba después de que la Casa Blanca anunciara el pasado viernes su intención de interponerlo "como tarde" hoy.
 
El 16 de febrero, el juez federal Andrew Hanen dictaminó suspender temporalmente las acciones ejecutivas anunciadas en noviembre por Obama ante la demanda presentada por 26 estados, liderados por Texas, contra la constitucionalidad de esas medidas.
 
Con el recurso presentado hoy, el Departamento de Justicia da un plazo de dos días, hasta este miércoles, al juez Hanen para que levante de forma temporal esa suspensión mientras el Gobierno continúa con el proceso de apelación, que va en paralelo.
 
La suspensión dictada por Hanen "interfiere en la estrategia integral del Gobierno federal para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración", subrayó en el texto del recurso la directora de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), Sarah Saldaña.
 
Además, según argumenta el Departamento de Justicia, la decisión de bloquear las medidas migratorias del presidente va más allá de la jurisdicción de Hanen.
 
Si el recurso prospera, el Gobierno podría proceder con la implementación del plan migratorio de Obama, cuya primera fase debía haber entrado en vigor el pasado 18 de febrero.
 
En el texto enviado a la corte de Brownsville, el Gobierno estima que, como mínimo, el juez debería limitar la aplicación de su fallo a Texas, que lidera la demanda de 26 estados contra las medidas de Obama, según explicó en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
 
Expertos y juristas ven improbable que Hanen levante la suspensión, sobre todo si se tiene en cuenta que en su fallo del 16 de febrero se refirió al "daño irreparable" que sufrirían los 26 estados demandantes si se ejecutan las medidas de Obama mientras la batalla judicial está en marcha.
 
En caso de que el juez Hanen rechace el recurso, se prevé que el Departamento de Justicia acuda a la corte federal de apelaciones del Quinto Circuito, situada en Nueva Orleans y considerada una de las más conservadoras del país.
 
El pasado miércoles debía entrar en vigor la primera parte del plan ejecutivo de Obama, que consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y que ya ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes a los que se conoce como "soñadores".
 
Además de a la ampliación de DACA, el fallo del juez Hanen afecta al programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), cuyo inicio estaba programado para mayo y que busca amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
 
Un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI) cifra en 5.2 millones el número de beneficiados: 3.7 millones elegibles para la DAPA y 1.2 millones para la DACA, de los que 300,000 serían nuevos candidatos tras la ampliación del programa.
 
Obama se mostró el pasado martes optimista al subrayar que tanto la "ley" como la "historia" están de su lado, aunque aseguró que respetaría el fallo del juez Hanen, propuesto para el puesto en 2002 por el entonces presidente George W. Bush.
 
La gran mayoría de los estados involucrados en la demanda contra las medidas de Obama están en manos de los republicanos, que se oponen a ellas y también protagonizan un movimiento en el Congreso destinado a bloquearlas dejando sin presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia encargada de su aplicación.
 
La fecha límite para llegar a un acuerdo sobre el DHS es este viernes, 27 de febrero, ya que ese día se agotan los fondos con los que cuenta ese departamento para operar.
 
Si el Congreso no actúa, dentro de una semana más de 100,000 empleados del DHS se quedarán sin cobrar y "eso tendrá un impacto directo en la seguridad nacional de Estados Unidos, porque su arduo trabajo nos ayuda a mantenernos a salvo", advirtió hoy Obama en un discurso ante los gobernadores del país. 
 

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