Obama se reunirá con presidentes de Centroamérica

La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental delineó la semana pasada la agenda que Estados Unidos llevará a Panamá. El Triángulo Norte de Centroamérica, Cuba, Venezuela y la Alianza Transpacífica son parte de las citas de Barack Obama.
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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene previsto reunirse con sus homólogos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en el marco de la VII Cumbre de las Américas que inicia el próximo viernes en Panamá para hablar, entre otras cosas, de los avances del plan Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte de Centro América.

Se espera que los mandatarios de Honduras, El Salvador y Guatemala presenten a Obama la propuesta final del plan, según confirmaron en Washington fuentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es el secretario técnico del plan, y del Departamento de Estado.

Y se espera que las delegaciones técnicas ahonden un poco más en las principales preocupaciones que existen en Washington respecto a la Alianza y al uso y destino de los fondos estadounidenses que la Casa Blanca ha pedido al Congreso para financiarla. Obama ha solicitado al Legislativo de su país $1,000 millones para Centroamérica, la mayoría de los cuales serían destinados a Guatemala, El Salvador y Honduras.

“No hay duda, desde que el plan fue diseñado por los países del Triángulo Norte, y ahora por nuestra petición al Congreso… que las medidas de efectividad y los compromisos de transparencia, buen gobierno y anti-corrupción tienen que ser parte de esto. Desde el punto de vista de la asistencia externa tiene que serlo de cara a los contribuyentes estadounidenses… (para) saber que este dinero se está usando bien y yendo a donde se supone que debe llegar”, dijo el viernes pasado Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, durante un evento en el Instituto Brookings de Washington, donde habló con periodistas de la agenda de la Cumbre de las Américas.

La Alianza para la Prosperidad es el plan que surgió de la iniciativa política que tomó la administración Obama tras el aumento, entre junio y agosto de 2014, en los flujos de menores de edad indocumentados centroamericanos que llegaron solos a la frontera estadounidense con México.

En 2014 llegaron a Estados Unidos unos 69,000 menores de edad sin compañía, de acuerdo con las cifras de la Patrulla Fronteriza y otras agencias estadounidenses, casi el doble que en 2013. La mayoría de esos niños y jóvenes –alrededor del 75 %- provenían de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Con el fin de intentar detener los flujos, Obama y su vicepresidente Joseph Biden empujaron el plan conjunto, además de mantener estable el ritmo de las deportaciones de centroamericanos y de presionar a México para que aumentara las repatriaciones (según un reporte reciente de la no gubernamental oficina de Washington para América Latina, las deportaciones de menores centroamericanos desde México se ha duplicado entre enero y marzo de 2015 respecto a los mismos meses de 2014).

Dudas respecto al dinero

Para financiar el plan, la Casa Blanca ha pedido $1,000 millones en el Congreso. En las cámaras baja y alta del Legislativo, no obstante, la Alianza para la Prosperidad ha encontrado ya reticencias, sobre todo por las dudas de congresistas de ambos partidos respecto a las capacidades de los gobiernos del Triángulo Norte para disminuir la violencia y para, en el afán de hacerlo, reformas sus cuestionados sistemas políticos, de justicia y de seguridad pública.

Según Jacobson, los líderes centroamericanos son conscientes de los cuestionamientos y han pedido utilizar parte de los fondos para hacer reformas internas. “Nos han dicho que quieren usar estos fondos para hacer cambios fundamentales en la forma en que ellos ejecutan sus presupuestos, incluyendo la creación de mecanismos de rendición de cuentas”, aseguró Jacobson.

Las dudas respecto a los usos del dinero han llegado desde el Partido Demócrata, en voz del senador de Vermont, Patrick Leahy, quien durante una audiencia en el senado cuestionó al secretario de Estado, John Kerry, por el uso que los gobiernos centroamericanos pueden hacer de los fondos: “Hemos alimentado durante años con dinero sistemas que son, en esencia, corruptos, y no veo señales de cambio”, dijo Leahy, el líder de la minoría en el poderoso Comité de Adjudicaciones (presupuesto) del Senado, y quien en el pasado ha cuestionado a los gobiernos de El Salvador por los pobres resultados en el combate a la corrupción.

Jacobson, sin embargo, asegura que la administración de Obama ve buenas señales en los líderes centroamericanos, sobre todo en los gobiernos de Honduras y El Salvador.

De la administración del hondureño Juan Orlando Hernández el Departamento de Estado destaca un convenio firmado con Transparencia Internacional para empezar a supervisar el buen uso de los fondos públicos. Otras voces, sobre todo de tanques de pensamiento latinoamericanistas involucrados en las discusiones del plan, no son tan optimistas y dicen temer que Hernández asuma una posición demasiado militarista y pretenda invertir los fondos estadounidenses exclusivamente en el Ejército y Policía de su país, ambos muy cuestionados en Washington.

De El Salvador, según un asistente legislativo que está al tanto de la discusión sobre los $1,000 en la Cámara Baja, hay un buen concepto por las intenciones expresadas por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén de incorporar a la empresa privada en la búsqueda de soluciones a la violencia. “Pero también ves cómo ha empeorado todo allá, con todos los muertos y florecen las dudas”, dice la fuente.

La situación de Guatemala vuelve a ser la que más preocupación genera, a pesar de que hace solo dos años, cuando asumió como jefe de la diplomacia estadounidense, Kerry destacó los avances en el Ministerio Público bajo el mando de la fiscal Claudia Paz y con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El asunto de la CICIG

Tanto el reciente reporte sobre la situación del narcotráfico en el mundo, del Departamento de Estado, como la subsecretaria Jacobson coinciden en que la renovación de la CICIG (cuyo mandato culmina en septiembre de este año) será muy importante para Guatemala y su futuro de cara a la Alianza para la Prosperidad.

“En el tema de la CICIG, creo que la renovación de su mandato será crítica… creo que hay un apoyo muy, muy fuerte en el congreso para que se renueve… y ciertamente hay un apoyo muy fuerte en la administración (Ejecutivo) para seguir adelante”, aseguró Jacobson.

El reporte antinarcóticos, por su parte, menciona a la CICIG como un modelo exitoso en el combate a la corrupción y a la lucha contra la violencia en Guatemala.

Hasta ahora, el gobierno de Otto Pérez Molina se ha mostrado renuente a renovar el mandato de la Comisión, según asistentes legislativos consultados en Washington. Dos fuentes legislativas en la capital estadounidenses, quienes pidieron anonimato por no estar autorizados a discutir el tema públicamente, aseguraron que si el gobierno de Pérez no renueva la CICIG la participación de Guatemala en la Alianza para la Prosperidad podría estar en peligro.

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