Ortega cierra posibilidad a opositores vía encarcelamiento

El régimen de Daniel Ortega ha detenido a cuatro candidatos presidenciales y a tres líderes de la oposición política. La comunidad internacional ha condenado estas acciones y exige que se celebren elecciones libres y justas.

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Popularidad. Cristiana Chamorro se convirtió en el rostro más visible de la oposición en Nicaragua. Es acusada de lavado de dinero, bienes y activos.

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Daniel Ortega ha allanado su camino a la reelección presidencial a fuerza de detenciones autoritarias. Hasta la fecha, mantiene en detención a cuatro de sus contrincantes en la contienda electoral —Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro— y a tres líderes de la oposición política: el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) José Adán Aguerri, el exministro y economista José Pallais y la activista Violeta Granera, esta última fue trasladada de su arresto domiciliario hacia un lugar desconocido.

Granera permanecía bajo "casa por cárcel" desde el 8 de junio, pero fue trasladada por la policía nicaragüense a un lugar desconocido el viernes a las 7 de la noche. Según denunció la Unidad Nacional Azul y Blanco, organización a la que pertenece Granera, la policía nicaragüense no informó hacia donde la trasladarían ni si sería interrogada. Tampoco se le notificó a su abogado defensor.

Hasta el sábado por la mañana, Unidad Nacional consideraba que Granera era "una persona desaparecida", pues no se conocía su paradero. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) también denunció la mañana del 12 de junio que en la prisión Chipote no fue recibida la alimentación que le llevaron a la opositora del régimen del presidente Ortega y su esposa y vicepresidente Rosario Murillo.

Sin embargo, luego del mediodía, policías de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, habrían confirmado que la opositora está en esas instalaciones, como diferentes medios nicaragüenses habían adelantado.

Un día antes, el Ministerio Público de Nicaragua informó que el 10 de junio se presentó un escrito de solicitud de audiencia para ampliar el plazo de investigación complementaria y detención judicial, ya que tiene "fuertes indicios de que (Granera) ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo". La solicitud fue admitida y le dictaron a Granera una detención judicial de 90 días.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) urgió al Estado nicaragüense a "informar sobre la ubicación y estado de salud" de Granera y le recordó al Gobierno sandinista que la opositora política cuenta con medidas cautelares "para garantizar los derechos a la vida e integridad personal" desde 2019.

Granera se une a la situación del candidato presidencial Félix Maradiaga, quien también fue trasladado a un lugar desconocido desde el 8 de junio. La Unidad Nacional Azul y Blanco denunció que desde entonces ni su familia ni abogados tienen información de él.

En el comunicado del Ministerio Público, también informó sobre que José Pallais Arana, miembro de la Coalición Nacional, también recibió 90 días de detención. Pallais fue detenido el 9 de junio y es acusado de realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extrajera y organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización.

En las últimas dos semanas, el régimen orteguista se ha ensañado en criminalizar a diferentes políticos opositores, activistas y periodistas. Este asedio ocurre meses antes de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, en las que Ortega busca conquistar la tercera reelección consecutiva, en un ambiente en el que la presidenta y vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha y Cairo Amador, respectivamente, han descartado que haya observación electoral internacional.

Ortega ha sido condenado por la comunidad internacional y por organizaciones civiles de su país, que exigen la liberación de los presos políticos y elecciones libres y justas.

El 12 de junio, el periódico Confidencial de Nicaragua publicó una carta abierta firmada por 400 académicos y politólogos del mundo, en la que "un llamado urgente al Gobierno de Nicaragua para que cese esta represión, libere a todos los prisioneros políticos, y trabaje con la oposición para comprometerse a organizar elecciones libres y justas".

Estas voces se unen a las de funcionarios de diferentes países que han condenado las acciones del Gobierno nicaragüense. El 10 de junio, la subsecretaria para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, tildó a Ortega de "dictador", después de la detención del candidato Maradiaga.

El 9 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a diferentes funcionarios nicaragüenses y a familiares de los mandatarios.

La OEA también ha decidido pasar de las condenas verbales a acciones más concretas para frenar las acciones del Gobierno de Ortega. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunirá el próximo martes 15 de junio para analizar la situación en Nicaragua.

La reunión virtual extraordinaria fue a solicitud de las Misiones Permanentes de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. El secretario general, Luis Almagro, podría pedir que se suspenda la participación de Nicaragua en ese organismo.

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